Un joven de 27 años quedó bajo prisión preventiva tras descubrirse que funcionaba como un puente entre el mercado legal y el hampa. Compró diez armas de alto calibre, pero las «desapareció» para entregarlas a bandas criminales de la región.
La justicia de Santa Fe dictó la prisión preventiva para un hombre cuya actividad principal consistía en aprovechar su estatus de Legítimo Usuario para alimentar el arsenal de delincuentes. La investigación, liderada por los fiscales Juliana González, Natalia Giordano y Guillermo Persello, se inició tras un cruce de datos estratégicos entre entes estatales.
Lo primero que llamó la atención de los investigadores fue el gasto de $7.197.850 en la compra de ocho pistolas semiautomáticas de alto poder ofensivo. El joven no contaba con ingresos legales que pudieran respaldar semejante inversión, lo que levantó sospechas inmediatas sobre su rol como «testaferro» de armas.
La prueba definitiva llegó desde Rosario. El Sistema Automatizado de Identificación Balística detectó que una pistola 9mm, legalmente registrada a nombre del imputado, fue utilizada en un robo calificado en diciembre pasado. Al momento del secuestro en manos de delincuentes, no existía ninguna denuncia de robo o extravío por parte del dueño legal.
El juez Sebastián Szeifert validó el pedido de la fiscalía, entendiendo que el riesgo de entorpecimiento y la gravedad de los delitos, que incluyen desde provisión ilegal de armas hasta narcotráfico, ameritan que el imputado permanezca tras las rejas mientras avanza el proceso.
