Tras el inicio de la mesa de negociación entre el gremio y el Tribunal Superior de Justicia, se fijaron plazos cortos para evitar más dilaciones de cara a la feria judicial. El principal reclamo sigue siendo la equiparación salarial con el fuero federal, en un escenario donde los sueldos más bajos no alcanzan a cubrir la canasta básica.
La negociación formal para destrabar el conflicto salarial en la Justicia provincial, que ya se extiende por más de cuatro meses, arrancó con una audiencia clave en Córdoba. Durante el encuentro entre el gremio de empleados judiciales y las autoridades del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), bajo la mediación del Ministerio de Trabajo, quedó estipulado un plazo máximo de 9 días hábiles para alcanzar un acuerdo definitivo y evitar que las medidas de fuerza paralicen el servicio antes del receso de invierno.
La instancia de diálogo fue convocada por el gobierno de la provincia en un intento por normalizar la actividad, luego de que el sindicato anunciara una escalada en las protestas que incluía un paro de 60 horas para esta semana y otro previsto de 72 horas para la próxima. Desde la conducción gremial confirmaron que, en caso de no obtener una respuesta concreta dentro del plazo fijado, se retomará el plan de lucha de manera inmediata.
El eje central del reclamo radica en la restitución del cronograma de equiparación con la Justicia Federal, el cual apuntaba a que los haberes provinciales representaran el 90% de dicho fuero. Según los representantes de los trabajadores, las modificaciones en la ley jubilatoria provincial elevaron los aportes de los activos al 26%, ensanchando la brecha y haciendo que los salarios actuales de la Justicia cordobesa caigan a una equivalencia de entre el 70% y el 73% respecto de los federales.
Frente a la pérdida del poder adquisitivo, una de las alternativas que el gremio puso sobre la mesa es aplicar un incremento escalonado que beneficie con mayor fuerza a los escalafones iniciales. La prioridad urgente del sector es lograr que categorías como meritorios y escribientes logren empatar la línea de la canasta básica total, fijando como piso un ingreso de 1.500.000 pesos para los sueldos más relegados de la estructura judicial.
El conflicto escaló a niveles inéditos en los últimos días no solo por la seguidilla de paros, sino también por la presentación de reclamos administrativos individuales por parte de unos 1.000 magistrados y funcionarios de alto rango del Poder Judicial. Esta parálisis progresiva motivó la fuerte reacción de los colegios de abogados de toda la provincia, quienes exigieron públicamente la apertura de esta mesa de negociación para frenar el resentimiento del servicio y garantizar el acceso a la justicia.
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