El Gobierno provincial adhirió a una resolución nacional que permite inhabilitar los equipos y tarjetas SIM utilizados ilegalmente dentro de los establecimientos penitenciarios. El mes pasado se secuestraron cerca de 350 dispositivos en las cárceles cordobesas.
Córdoba adhirió de manera inmediata a una resolución nacional que establece un nuevo mecanismo para inhabilitar teléfonos celulares y líneas telefónicas detectados dentro de los establecimientos penitenciarios.
La medida permitirá agilizar el bloqueo de dispositivos que hayan ingresado ilegalmente a las cárceles y que sean utilizados para planificar o coordinar actividades delictivas desde el interior de los penales.
La secretaria de Gestión Penitenciaria y Lucha contra el Narcotráfico, Nadia Fernández, explicó que los teléfonos celulares se encuentran entre las principales herramientas utilizadas para organizar maniobras ilícitas dentro de los establecimientos.
El nuevo procedimiento permitirá bloquear el IMEI, código de 15 dígitos que identifica a cada teléfono; el IMSI, asociado a la tarjeta SIM; y también la línea telefónica. De esta manera, se busca impedir que los internos puedan eludir las restricciones simplemente cambiando de chip o de número.
Hasta ahora, cuando las autoridades provinciales detectaban una línea activa dentro de una cárcel, debían solicitar la intervención de la Justicia para que posteriormente se informara al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). Según explicó Fernández, ese circuito podía generar demoras y, en algunos casos, no terminaba con la inhabilitación del dispositivo.
A partir de la nueva resolución, las provincias podrán comunicar directamente al Ministerio de Seguridad de la Nación la detección de los equipos o líneas, y ese organismo será el encargado de realizar el pedido correspondiente a las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones.
La funcionaria sostuvo que la intervención nacional permitirá unificar el accionar del Estado y agilizar los procedimientos, aunque aclaró que las provincias no podrán ordenar por sí mismas el bloqueo.
La herramienta se sumará a los inhibidores de señal que ya funcionan en algunos establecimientos penitenciarios. Estos equipos presentan ciertas limitaciones debido a que pueden afectar las comunicaciones en sectores cercanos a los complejos carcelarios, ubicados en ciudades como Bouwer, Cruz del Eje, Villa María, Río Cuarto y San Francisco.
Fernández remarcó que continuarán las requisas y los controles tecnológicos para evitar el ingreso de teléfonos y otros dispositivos. En ese sentido, precisó que durante el último mes fueron secuestrados cerca de 350 aparatos móviles en todos los establecimientos penitenciarios de la provincia.
Respecto de las instalaciones, la secretaria explicó que en algunos penales antiguos fueron anuladas las conexiones eléctricas de las celdas, aunque en determinadas ocasiones son dañadas para volver a utilizarlas. En cambio, los nuevos complejos, entre ellos el Módulo 3 y el establecimiento de máxima seguridad (Semax), fueron diseñados sin tomas de corriente dentro de las celdas y con una arquitectura destinada a reducir los puntos ciegos.
Además, el Servicio Penitenciario duplicó la unidad encargada de las requisas y lleva adelante investigaciones internas para detectar posibles complicidades de agentes penitenciarios. Según Fernández, una investigación realizada por el propio organismo permitió apartar a un empleado en Río Cuarto.
La funcionaria sostuvo que el ingreso de celulares y drogas a los establecimientos penitenciarios representa un problema que requiere controles permanentes y señaló que se trata de un combate que también debe desarrollarse dentro del propio sistema penitenciario.
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