El juez de Investigación Penal Preparatoria, Javier Bottero, ordenó la prisión preventiva de los dos jóvenes domiciliados en nuestra ciudad, acusados de integrar una estructura dedicada a la venta de drogas en barrio Acapulco, en Josefina.
La resolución se dictó a partir de un planteo formulado por la fiscal Analía Abreu, quien les atribuyó los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia simple de arma de fuego. La causa avanzó tras un allanamiento realizado el sábado 13 de diciembre, procedimiento que permitió desarticular el presunto punto de expendio.
Durante el operativo, personal de la Policía de Investigaciones secuestró en una vivienda ubicada sobre calle 18, entre 1 y 3, un total de 384 envoltorios de cocaína, con un peso cercano a los 229 gramos, además de 420.300 pesos en efectivo, mayormente en billetes de baja denominación. También se incautaron balanzas de precisión, bicarbonato, bandas elásticas y material de nailon utilizado para el fraccionamiento de la sustancia.
En la audiencia, la fiscalía expuso elementos que darían cuenta de un funcionamiento activo y sostenido del lugar, señalando incluso la existencia de personas que cumplían tareas de vigilancia. Según se indicó, en una oportunidad se registraron imágenes de efectivos policiales mientras realizaban tareas de observación en la zona.
Asimismo, se incorporaron más de 60 registros fotográficos y audiovisuales que evidenciarían un constante movimiento de compradores que arribaban al lugar en bicicletas, motocicletas y automóviles, permaneciendo pocos minutos. La investigación también estableció que el inmueble era utilizado tanto para la venta al menudeo como para el acopio de droga.
Por su parte, la defensa, a cargo del abogado Federico Scarinci, intentó descartar la hipótesis de comercialización al sostener que los imputados serían consumidores problemáticos. Señaló que uno de ellos atraviesa complicaciones de salud y que el otro había recibido tratamiento en un centro de rehabilitación hasta el mes de octubre. Además, cuestionó el enfoque de la investigación y puso en duda que sus defendidos fueran quienes dirigían la actividad ilegal.
Tras analizar los planteos, el magistrado rechazó los argumentos defensivos y avaló la solicitud del Ministerio Público de la Acusación. Bottero consideró que las pruebas reunidas permiten tener por acreditado el hecho y la participación de los acusados, y que, debido a la gravedad de los delitos imputados y los riesgos procesales existentes, corresponde que ambos continúen detenidos mientras avanza el proceso judicial.
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