El Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba (TOF2), fijó las fechas para el juicio al fiscal federal de San Francisco Luis María Viaut, acusado de los delitos de concusión agravada y tráfico de influencias. El mismo se va a realizar el próximo lunes 18 de abril
Es el primer fiscal federal en llegar a la instancia de juicio en Córdoba acusado de delitos comunes. El único antecedente es Antonio Sebastián Cornejo, quien fue condenado a tres años de prisión en 2017 pero por delitos de lesa humanidad, por su actuación como magistrado durante la última dictadura cívico militar del país.
También serán juzgados el portero de la fiscalía, Darío Rivarola, acusado de los mismos delitos que el fiscal; Gerardo Panero y Walter Gustavo Fattore, por tráfico de influencias, y Víctor Hugo Brugnoni por cohecho activo (pago de coima).
Pedido de coimas:
La investigación se abrió a mediados del 2020, cuando representantes de la Cooperativa Las Cañitas, de El Tío, informaron a la Cámara Federal que se habían comunicado con ellos desde la Fiscalía Federal de San Francisco para advertirlos sobre una posible investigación en su contra.
Con el devenir de la pesquisa se afianzó la sospecha de que Viaut habría pedido coimas por $ 2,5 millones a dirigentes de la entidad para ‘planchar’ una supuesta investigación, en realidad inexistente. La denuncia fue presentada por el gerente de la cooperativa, Pablo González, con el patrocinio letrado del abogado Juan Alberione. La acusación, por este hecho, es contra el fiscal y el empleado Rivarola.
El otro hecho por el cual ambos son acusados consiste en el cobro de US$ 17.100, pagados por el empresario Víctor Brugnori ante la promesa de hacer gestiones para beneficiar la situación procesal de su hijo, detenido e imputado por abuso sexual por una fiscalía provincial. La acusación alcanza también a Gerardo Agustín Panero, Walter Gustavo Fattore –intermediarios– y a Brugnori, quien habría pagado la coima y por esa razón se le endilga el delito de cohecho activo. En este hecho, Viaut habría prometido influir en la pesquisa radicada en los tribunales provinciales.
Según el Código Penal, el delito de tráfico de influencias prevé penas que van de uno a 12 años de prisión, mientras que la concusión tiene una pena prevista de dos a seis años. Paralelamente, hay un proceso administrativo abierto en la Secretaría Disciplinaria y Técnica de la Procuración General de la Nación. Allí le solicitaron explicaciones a Viaut como paso previo a la vista del Consejo Evaluador, órgano que resolverá finalmente si debe o no ser apartado del cargo. El resultado del juicio seguramente incidirá en las decisiones del tribunal que depende de la Procuración General de la Nación.
En relación al presunto pedido de coimas -la calificación legal aplicada es de concusión agravada- Viaut negó que haya participado del hecho y dijo que ninguna de las pruebas lo compromete. Es más, su defensor pidió la incorporación de las sábanas de llamadas telefónicas a lo largo de los últimos meses con el objetivo de poner en evidencia que era habitual que se comunique con el empleado Rivarola todos los días en los mismos horarios donde figuran los llamados que, según la investigación, fueron para concertar y dirigir las negociaciones con referentes de la cooperativa de El Tío.
Sobre el segundo hecho, por el que está acusado de tráfico de influencias, la defensa plantea una discusión netamente jurídica. Sostiene que Viaut no conocía a magistrados ni funcionarios de los tribunales de Bell Ville donde estaba radicada la causa por abuso sexual contra el joven. Por lo tanto, nunca pudo influenciar en alguna decisión de esa jurisdicción.
En la indagatoria, se explayó además sobre el motivo por los cuales tenía en un cajón de la fiscalía $843.500 y U$S 8.900, dinero que fue secuestrado cuando se allanó la dependencia judicial. Dijo que eran para pagar gastos de una hija que se mudaba para estudiar.
Viaut: «Hay gente interesada en manchar mi honor, mi trabajo y mi reputación»
