El 22 de febrero se conocerá el fallo del 12º juicio de lesa humanidad

El 22 de febrero se conocerá el fallo del 12º juicio de lesa humanidad

Provinciales
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Con réplicas a cargo del fiscal Maximiliano Hairabedian, este jueves se retomaron las audiencias del 12º juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en Córdoba durante la última dictadura cívico eclesiástica militar. La nota significativa de la jornada estuvo dada por la determinación de la fecha de lectura del veredicto: será el lunes 22 de febrero desde las 10, día en el que también los 17 imputados –eran 18, pero uno falleció en enero- tendrán posibilidad de decir sus últimas palabras.

Antes, Hairabedian replicó los planteos de las defensas en los alegatos formulados en diciembre. Refutó la solicitud de nulidad parcial a su pedido de prisión perpetua para algunos imputados, que las defensas argumentaron en la no distinción, por parte del fiscal, de mandos superiores, intermedios o inferiores. A ello el fiscal respondió que “es el Código Penal el que no distingue, en el delito de homicidio calificado”, y dijo que por la comisión de este delito “la ley de fondo establece una pena única”.

Además, las defensas habían pedido la nulidad parcial del alegato cuestionando el criterio de la fiscalía de tomar como agravante de los hechos, en la mensuración de la pena, la circunstancia de que fueron cometidos en el marco del Terrorismo de Estado. A ello Hairabedian respondió que “ese agravante no está contemplado en los tipos penales del Código Penal” y que no encontró en los tipos penales de la época ese argumento, y “por lo tanto no es de recibo ese argumento”.

También refutó el pedido de nulidad de la requisitoria de la elevación a juicio, por supuesta indeterminación de los hechos. Según las defensas, la elevación no especifica quién, cómo, dónde y cuándo ocurrieron, circunstancia que Hairabedian desestimó en tanto de la mera lectura del escrito se desprenden las respuestas a esos interrogantes básicos. También pidieron la extinción de la acción penal, por distintos motivos –entre ellos la prescripción, cuestión dirimida hace tiempo gracias a fallos de la Corte Suprema- y una supuesta violación a la duración razonable del proceso, que demoró más de 10 años en realizarse. A ello Hairabedian respondió señalando la complejidad de los hechos investigados, señalando además la imposibilidad de hacer un único juicio, dada la extensión del Terrorismo de Estado. “Seria materialmente imposible hacer todo el juzgamiento y establecimiento de la verdad en un juicio único; es inabarcable, y a nadie se le puede exigir lo imposible”, dijo.

Mismo criterio aplicó para refutar para el planteo de la defensa en tanto la acción penal debiera extinguirse por ya haber recibido, algunos imputados, la máxima pena posible, en otros juicios y por otros delitos; y rechazó el pedido de insconstitucionalidad del pedido de pena de prisión perpetua, en tanto al tratarse de imputados de avanzada edad, no se propendería a la resocialización.

Los defensores públicos Natalia Bazán y Juan Carlos Belagardi insistieron con algunos planteos; la primera dijo que “en la investigación de los delitos no se pueden sacrificar otras garantías procesales y constitucionales” y trajo a colación tratados internacionales que la Argentina ha suscrito y que tienen rango constitucional. Belagardi, en tanto, recordó que “mis asistidos vienen sufriendo privación de libertad, algunos desde hace 17 años” y lamentó que “están presos, algunos en sus casas, otros en la cárcel; y se están muriendo presos”.

Tras todo ello, el tribunal presidido por Carolina Prado informó que el 22, a cinco meses y medio de iniciado el proceso, se dará a conocer el veredicto.

El proceso de enjuiciamiento había comenzado el 9 de septiembre del año pasado en contra de 8 militares, 7 efectivos policiales de la provincia y tres civiles de inteligencia, quienes están imputados por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada, imposición de tortura agravada y homicidio agravado por placer o codicia.

Durante el cuarto intermedio falleció uno de los imputados, el suboficial de inteligencia retirado del Ejército Argentino José Hugo Herrera. Son más de 40 las víctimas del proceso, que ventila las causas Diedrichs/Herrera, sobre hechos ocurridos entre marzo y septiembre de 1976.