Dada la situación del mercado financiero, no es posible acceder a financiamiento razonable para financiar el déficit incremental derivado de las medidas.
La suba del mínimo no imponible de Ganancias, el no pago de cuota de Monotributo y la exención del IVA a ciertos alimentos de la canasta básica tienen impacto en la recaudación tributaria nacional coparticipable, por lo que la resignación de recursos es compartida entre el Tesoro nacional, la Anses y las provincias.
El costo fiscal total de estas tres medidas para lo que resta del año es de 62.400 millones de pesos, aproximadamente.
Teniendo en cuenta la suba del mínimo no imponible de Ganancias para lo que resta del año, junto con la devolución de anticipos pagados, y tomando los parámetros difundidos por el Gobierno nacional (dos mil pesos promedio para dos millones de beneficiados), el costo fiscal de aquí a fin de año por este impuesto sería cercano a los 48 mil millones de pesos.
En el caso del componente impositivo de Monotributo, el costo de la decisión es de 3.100 millones de pesos.
Estos son los impuestos coparticipables incluidos entre las medidas, por lo que este costo agregado se comparte entre el Tesoro nacional, la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) y las provincias.
Para una provincia como Córdoba, la resignación de recursos coparticipables ascendería a 2.935 millones de pesos hasta fin de año.
Las recientes medidas buscan aliviar el bolsillo de los trabajadores por la doble vía de quitarles presión a los precios con la exención temporal del IVA y por la baja de la alícuota efectiva del Impuesto a las Ganancias.
Del lado de los fiscos habrá que ver cómo financian esta pérdida de recursos. En el caso nacional está la pauta de equilibrio primario establecida con el FMI, lo que obliga a compensar de alguna manera el costo fiscal atinente a la Nación.
