El Decreto 1205/2026, firmado por Javier Milei y el ministro de Defensa, Carlos Presti, restringe la difusión de información sobre determinadas adquisiciones militares, incluidos los materiales, los costos y los proveedores. La decisión se conoce mientras Argentina refuerza sus reclamos diplomáticos por la soberanía de las Islas Malvinas.
El Gobierno nacional dispuso el secreto militar sobre determinadas compras de equipamiento para las Fuerzas Armadas, mediante el Decreto 1205/2026, publicado en el Boletín Oficial. La normativa lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Defensa, Carlos Presti.
La medida limita el acceso público a información vinculada con el tipo de material adquirido, los costos y los proveedores. Según los fundamentos del decreto, se trata de operaciones cuya naturaleza y finalidad requieren que sus detalles sean conocidos únicamente por personas autorizadas, debido a los posibles riesgos que su divulgación podría representar para la seguridad nacional.
La decisión se produce en un contexto de tensión diplomática con el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas y mientras el Gobierno impulsa el reequipamiento de las Fuerzas Armadas.
Qué establece el decreto
La normativa define como secreto militar la información, los informes, los materiales, los proyectos y los hechos que, por razones de seguridad nacional y defensa, deban permanecer fuera del conocimiento público y ser conocidos solamente por personas autorizadas.
Entre sus fundamentos, el decreto cita la Ley de Defensa Nacional 23.554, que establece que la Defensa Nacional tiene como finalidad garantizar la soberanía y la independencia de la Argentina, preservar su integridad territorial y proteger la vida y la libertad de sus habitantes.
También hace referencia a la Ley 24.948, que asigna al Ministerio de Defensa la responsabilidad de evaluar y decidir sobre los requerimientos de equipamiento que contribuyan a las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas.
De acuerdo con el texto oficial, la naturaleza de determinadas adquisiciones justifica que la información relacionada con ellas permanezca bajo reserva. Por ese motivo, las operaciones contractuales alcanzadas por la medida quedan exceptuadas de las disposiciones de publicidad y difusión aplicables a las actuaciones administrativas del proceso de compra.
El reclamo argentino por el proyecto petrolero Sea Lion
La decisión se conoce días después de que el Gobierno argentino presentara un reclamo ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Alemania, para intentar frenar la explotación de hidrocarburos impulsada por el Reino Unido en la Cuenca Malvinas Norte.
La presentación solicita medidas provisionales para impedir el desarrollo del proyecto petrolero Sea Lion en la plataforma continental de las islas.
Según el Gobierno argentino, el objetivo es preservar los derechos soberanos del país sobre su plataforma continental y evitar que las actividades autorizadas unilateralmente por el Reino Unido agraven la controversia.
La administración nacional señaló que la presentación forma parte del procedimiento arbitral iniciado el 28 de septiembre de 2026, en el marco del Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, para defender la soberanía argentina y sus recursos naturales.





