La Casa Rosada postergó una nueva convocatoria para debatir el proyecto hasta reunir los votos necesarios para suspender las PASO nacionales. La negociación incluye a bloques aliados y gobernadores, mientras las definiciones sobre las alianzas electorales se proyectan para fin de año.
El Gobierno nacional demora el avance de la reforma política por la falta de acuerdos en el Senado y revisa su estrategia de cara a las elecciones de 2027. La Casa Rosada decidió no volver a convocar a la Comisión de Asuntos Constitucionales hasta contar con los respaldos necesarios para aprobar la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
“Hasta que no haya acuerdo cerrado no vamos a convocar”, señalaron desde el Ejecutivo. La decisión aleja la posibilidad de avanzar con un dictamen durante los próximos días, como esperaban algunos sectores del oficialismo, que proyectaban llevar la iniciativa al recinto en la última semana de octubre.
La falta de avances se mantiene pese a la última reunión de la mesa política del Gobierno, realizada el martes en la Casa Rosada. En La Libertad Avanza reconocen que todavía deben continuar las conversaciones individuales con senadores de los bloques dialoguistas.
Los votos que necesita el oficialismo
El principal obstáculo está en la Cámara Alta. La Libertad Avanza cuenta con 21 senadores y necesita reunir 37 votos para avanzar con los cambios electorales. Para alcanzar esa cifra, debe negociar con legisladores de la UCR, el PRO, bloques provinciales y sectores del peronismo disidente.
En el Gobierno advierten que los acuerdos con los gobernadores no garantizan automáticamente el acompañamiento de todos los representantes de sus provincias. Por eso, las conversaciones políticas deben traducirse en compromisos concretos dentro del Senado.
Al mismo tiempo, las negociaciones para definir las alianzas electorales de 2027 continúan abiertas. Mientras Diego Santilli y otros integrantes del Ejecutivo buscan asegurar los apoyos parlamentarios, sectores vinculados al armado electoral libertario consideran que las definiciones sobre candidaturas y acuerdos territoriales llegarán hacia fin de año.
La estrategia oficial apunta a conservar margen de negociación con los gobernadores y evitar compromisos anticipados sobre la distribución de candidaturas.
Qué cambios propone la reforma política
La discusión se concentra principalmente en dos modificaciones: suspender las PASO nacionales durante 2027 e incorporar una opción para votar la lista completa en la Boleta Única de Papel.
Aunque el proyecto original proponía eliminar definitivamente las primarias, la negociación actual se orienta a suspenderlas durante el próximo año electoral. Esa alternativa permitiría que no se realicen en la próxima elección presidencial sin derogar de manera permanente el sistema.
El segundo cambio busca habilitar una opción para que los votantes puedan seleccionar, con una sola marca, todas las categorías de una misma agrupación política. Desde el oficialismo consideran que esta herramienta podría beneficiar a las listas legislativas que acompañen la candidatura presidencial de Javier Milei, aunque su impacto dependerá del comportamiento de los electores.
El proyecto también contempla un mecanismo de adhesión entre fuerzas nacionales y provinciales. La propuesta permitiría construir acuerdos diferentes según cada distrito, incluso entre espacios que compitan entre sí por las administraciones provinciales, pero que compartan una candidatura presidencial.
La negociación electoral y los plazos legislativos
Los acuerdos electorales y los respaldos parlamentarios avanzan a ritmos diferentes. Algunos gobernadores dialoguistas se mostraron dispuestos a acompañar la suspensión de las primarias, pero todavía faltan compromisos individuales de legisladores radicales, del PRO y de fuerzas provinciales.
El Gobierno también reconoce que los apoyos obtenidos en otras votaciones no garantizan una mayoría para modificar las reglas electorales. La reforma requiere una mayoría especial y tiene consecuencias directas sobre las condiciones de competencia para 2027.
En paralelo, dentro del Ejecutivo relativizan el costo político de que las PASO continúen vigentes. “No es tan grave que haya PASO. Somos competitivos igual”, sostienen desde un sector del oficialismo.
La discusión también está atravesada por las preocupaciones económicas y políticas del año electoral. En la Casa Rosada consideran que una primaria presidencial con un resultado desfavorable podría generar incertidumbre sobre la continuidad del programa económico, aunque algunos funcionarios advierten que acelerar las negociaciones podría adelantar innecesariamente la confrontación electoral.
La Comisión de Asuntos Constitucionales retomó el tratamiento de la reforma el 15 de septiembre, después de cuatro meses, pero la discusión volvió a quedar sin dictamen. El Ejecutivo todavía debe reunir los votos en el Senado y completar luego el trámite en Diputados.
A esa agenda se suman el Presupuesto 2027 y otros proyectos que el oficialismo pretende aprobar antes de finalizar el año. Por ese motivo, en el Gobierno evalúan la posibilidad de prorrogar las sesiones ordinarias durante diciembre, para disponer de más tiempo de negociación y mantener abierta la posibilidad de avanzar con la reforma política si se alcanzan los acuerdos necesarios.
