El Gobierno modificó por DNU las atribuciones de Salud y Economía e incorporó la ludopatía a la agenda sanitaria

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El Gobierno nacional amplió las responsabilidades del Ministerio de Salud frente al crecimiento de las apuestas online y redefinió competencias de Economía y Salud sobre alimentos, cosméticos y productos de uso doméstico. La medida quedó establecida mediante el DNU 771/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial

El Gobierno modificó mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU) las atribuciones de los ministerios de Salud y Economía e incorporó formalmente la ludopatía a la agenda sanitaria nacional.

La medida quedó establecida en el DNU 771/2026, que fue publicado este viernes en el Boletín Oficial y redefine las competencias de ambas carteras sobre el control de alimentos y otros productos, además de asignar a Salud nuevas responsabilidades en la prevención y el abordaje de las apuestas problemáticas.

Uno de los cambios centrales del decreto es la incorporación explícita de la ludopatía vinculada con los juegos de azar y las apuestas dentro de las competencias del Ministerio de Salud.

A partir de la modificación de la Ley de Ministerios, la cartera deberá entender en el diseño y ejecución de políticas relacionadas con la prevención, concientización, capacitación, investigación y abordaje integral de la ludopatía en juegos de azar y apuestas.

Hasta ahora, ese inciso contemplaba las políticas vinculadas con el consumo de sustancias psicoactivas. Con el nuevo decreto, su alcance se amplía y las apuestas problemáticas pasan a formar parte de las responsabilidades formales del área sanitaria.

Para justificar el cambio, el Ejecutivo citó información del Séptimo Estudio Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas en Estudiantes de Enseñanza Secundaria Argentina 2025, elaborado a partir de datos del Observatorio Argentino de Drogas.

De acuerdo con el texto oficial, más de una cuarta parte de los estudiantes manifestó haber participado en apuestas con dinero durante el último año, mientras que la prevalencia fue significativamente superior en las modalidades realizadas mediante plataformas digitales.

El Gobierno sostuvo que este escenario requiere fortalecer las políticas preventivas, campañas de concientización, capacitación de los equipos de salud, producción de evidencia y dispositivos de asistencia especializada.

El decreto también caracteriza a la ludopatía como un trastorno que implica la pérdida de control sobre la conducta de juego y su persistencia pese a las consecuencias negativas que puede generar sobre la salud mental, la economía personal y familiar, las relaciones sociales y el desempeño educativo y laboral.

En paralelo, el DNU reorganiza las competencias de los ministerios de Economía y Salud en materia de control sanitario.

Economía tendrá entre sus atribuciones la fiscalización sanitaria de la producción agropecuaria, forestal y pesquera, además de la normalización, registro y control de la sanidad, calidad higiénico-sanitaria e inocuidad de los productos agroalimentarios.

La competencia incluye bebidas, aguas minerales, productos dietéticos y alimentos acondicionados, cualquiera sea su origen, así como insumos, aditivos, colorantes, edulcorantes e ingredientes destinados a la alimentación humana.

El control alcanzará las distintas etapas de producción, transformación, almacenamiento, transporte, comercialización, importación y exportación.

Por su parte, el Ministerio de Salud conservará la rectoría y la elaboración de normas en materia alimentaria, dentro de su ámbito de competencia.

También continuará interviniendo en la fiscalización de medicamentos, productos biológicos, drogas, hierbas medicinales y material e instrumental de aplicación médica, en coordinación con otras áreas del Estado.

En cuanto a los productos de higiene, tocador, cosmética humana y de uso doméstico, la intervención de Salud quedará delimitada a la determinación de sustancias prohibidas y de uso condicionado.

El Ejecutivo argumentó que la modificación busca delimitar responsabilidades y evitar superposiciones entre organismos, sin generar, según sostiene el decreto, un vacío regulatorio.

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