La Dirección Nacional de Migraciones amplía los operativos territoriales junto con las fuerzas federales y refuerza las áreas vinculadas con expulsiones, alertas y cruces de información.
El Gobierno nacional avanza con un mayor despliegue de controles migratorios en distintos puntos del país para detectar a extranjeros que se encuentren en situación irregular. La estrategia contempla operativos territoriales coordinados con fuerzas federales, nuevas herramientas tecnológicas y un refuerzo de las áreas encargadas de los procesos de expulsión.
Los procedimientos son definidos por la Dirección Nacional de Migraciones a partir de tareas de campo y análisis de información para determinar zonas de mayor concentración o tránsito de personas extranjeras. Los operativos pueden realizarse de manera programada o activarse ante determinados requerimientos y cuentan con la participación de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Uno de los últimos despliegues importantes tuvo lugar en Rosario, donde cerca de 60 agentes controlaron a unas 420 personas. Según fuentes oficiales, fueron detectados ocho extranjeros con irregularidades migratorias, entre ellos un ciudadano chino que tenía una orden de expulsión.
Las medidas que se adoptan dependen de cada situación. Cuando se trata de una residencia vencida o de trámites pendientes, Migraciones puede intimar a la persona a regularizar su situación. En casos de ingreso ilegal al país, puede iniciarse un procedimiento que eventualmente derive en una expulsión, mientras que ante requerimientos judiciales intervienen las autoridades correspondientes.
El esquema de controles se encuentra respaldado por modificaciones legales implementadas desde 2025. El DNU 366/2025 amplió las facultades de Migraciones para verificar la identidad y situación migratoria de las personas, además de organizar tareas de inspección y fiscalización. También contempla medidas frente a ingresos por pasos no habilitados o cuando se elude el control migratorio.
En junio de este año, el Gobierno reforzó la coordinación con las fuerzas federales mediante el Programa de Seguridad Migratoria. La Resolución 551/2026 estableció unidades específicas dentro de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y PSA para colaborar en la prevención, detección e investigación de infracciones vinculadas con la situación migratoria.
Los operativos también se extendieron a otras provincias. En abril, agentes de Migraciones, la Policía Federal y Gendarmería controlaron a más de 400 personas en Aguaray, Salta, y detectaron a 15 extranjeros en situación irregular. En Misiones, durante julio, Gendarmería identificó a cinco ciudadanos chinos que no contaban con registro de ingreso legal y Migraciones dispuso su salida hacia Brasil.
Paralelamente, el Ejecutivo trabaja en una reorganización de las áreas que intervienen en casos de extranjeros judicializados y procesos de expulsión. A esto se suma una modernización de los sistemas utilizados por Migraciones para centralizar información, integrar datos y generar alertas que permitan detectar determinadas situaciones con mayor rapidez.
Entre las herramientas se encuentran sistemas destinados a procesar información anticipada de pasajeros, movimientos migratorios y datos provenientes de organismos nacionales e internacionales. También se creó el Centro de Análisis de Información Migratoria y Fronteriza (CAIMF), que reúne a Migraciones, las fuerzas federales y organismos de inteligencia criminal para realizar cruces de información y análisis de riesgo.
El Gobierno también incorporó nuevas disposiciones vinculadas con el ingreso y la permanencia de extranjeros. El DNU 681/2026 establece nuevas causales que pueden impedir el ingreso o derivar en la cancelación de una residencia en determinados casos relacionados con mensajes de odio, incitación a la violencia contra argentinos por su nacionalidad o ultrajes contra símbolos patrios.
La intención oficial es incorporar estos antecedentes al sistema de alertas migratorias existente. Sin embargo, todavía resta definir cómo se generarán, qué elementos deberán respaldarlos y qué autoridad tendrá a su cargo su validación.
De esta manera, la política migratoria del Gobierno combina mayores controles territoriales, coordinación con fuerzas federales, refuerzo de los procesos de expulsión y modernización tecnológica, con el objetivo de aumentar la capacidad del Estado para detectar irregularidades y controlar el ingreso y permanencia de extranjeros en el país.
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