El magistrado de los Tribunales de San Francisco se expresó en relación a su participación en el concurso por la selección para el Juzgado Electoral de la Provincia de Córdoba, donde quedó calificado en el 5to puesto.
Hizo referencia a calificaciones que le atribuyó el Senador Luis Juez, sectores políticos y algunos medios. Manifestó que no posee ningún tipo de vínculo con el Gobernador Llaryora, que no lo conoce y repudió todo cuestionamientos infundados que dañaron no solo su imagen sino también la del proceso de designación de magistrados del Poder Judicial de la Provincia .
El magistrado de nuestra ciudad contestó con altura y repudió las falaces acusaciones del senador Luis Juez entre otros.
La nota completa:
Habiendo pasado ya unos días, y analizado fríamente la situación, quiero compartir estas reflexiones:
Con motivo de mi participación en el concurso convocado para cubrir el cargo de Juez Electoral de la Provincia de Córdoba, distintas manifestaciones públicas y publicaciones periodísticas instalaron sospechas sobre mi independencia e imparcialidad como magistrado, presentándome -sin sustento fáctico alguno que me haya sido atribuido o demostrado- como un postulante presuntamente favorecido de antemano por el poder político.
Así, el 25 de julio de 2026 se difundieron declaraciones públicas en las que el Senador Luis Juez afirmó que el concurso para Juez Electoral constituiría una “fachada” y que ya existiría un elegido por el Gobernador, identificándome expresamente como esa persona. Posteriormente, el 3 de agosto de 2026, nuevas publicaciones periodísticas dieron cuenta de que dirigentes políticos me señalaban como “un amigo” del Gobernador; con quien no tengo relación alguna ni conozco personalmente. En los días siguientes continuaron reproduciéndose versiones acerca de un supuesto favoritismo político en mi beneficio y se llegó a caracterizar públicamente mi candidatura mediante expresiones tales como “caballo del comisario”, siempre bajo la hipótesis de que mi participación en el concurso no se explicaría por mis antecedentes, mi desempeño profesional o el resultado de las distintas instancias de evaluación, sino por una presunta proximidad con el poder político.
No desconozco, desde luego, el derecho de los dirigentes políticos, de los medios de comunicación y de cualquier ciudadano a expresarse libremente, a controlar los procedimientos de selección de magistrados y a formular las críticas institucionales que consideren pertinentes.
Pero la cuestión es diferente cuando las afirmaciones formuladas públicamente dejan de referirse exclusivamente al procedimiento institucional y atribuyen a un magistrado concreto una vinculación política susceptible de poner en duda su independencia, imparcialidad e integridad profesional.
En mi caso no se puso solamente en discusión una expectativa personal dentro de un concurso. Se proyectó públicamente una sospecha sobre la forma en que ejerzo y he ejercido la magistratura. La independencia judicial no constituye únicamente una garantía frente a presiones efectivas sobre los jueces; requiere también preservar la confianza pública en que quienes ejercemos la jurisdicción decidimos exclusivamente conforme al derecho y a nuestra conciencia, sin subordinaciones ni compromisos con los poderes políticos ni de ningún otro orden.
Por esa razón, ningún magistrado debe ver su independencia puesta en duda públicamente mediante imputaciones de vinculaciones políticas carentes de demostración ni sustento.
Como magistrado perteneciente al Poder Judicial de Córdoba, me veo en la obligación de reivindicar mi dignidad y mi independencia, frente a una imputación que, por su propia naturaleza, excedía a mi persona y afectaba al Poder Judicial; máxime teniendo en cuenta el contexto del referido concurso, que ha merecido la atención de los medios de comunicación, instalando públicamente sospechas de irregularidades, intromisiones e injerencias del poder político, afectando así la institucionalidad propia del sistema de selección de jueces.
He procurado durante toda mi trayectoria ejercer la magistratura con absoluta independencia de cualquier poder político, económico, corporativo o sectorial. Esa independencia constituye uno de los bienes profesionales y personales que más profundamente valoro y que tengo el deber de preservar. No puedo ser indiferente cuando mi integridad profesional ha sido puesta en duda gratuita y públicamente, sin sustento alguno.
Por ello, repudio categóricamente las referidas manifestaciones, mal intencionadas, y que formaron parte de una operación para afectar negativamente mi participación en un concurso.
Carlos Ignacio Viramonte.
El posteo del juez en las redes sociales
Para los que no me conocen, porque quienes me conocen saben de mi integridad. Gracias a todos aquellos que de alguna u otra manera estuvieron presentes en estos días difíciles.
