El caso Ludueña profundizó la disputa política en la Unicameral. Dirigentes de Hacemos Unidos por Córdoba reclamaron responsabilidades. El radicalismo marcó diferencias con el antecedente Flores.
El nuevo escándalo en la Legislatura de Córdoba, a partir de la orden de detención contra Omar Ludueña, un empleado de planta permanente que cumplía tareas administrativas en el bloque de la UCR y está acusado de abuso sexual, desató en estas horas una fuerte pelea política. Los sectores más duros del oficialismo salieron a pedir la renuncia de la legisladora radical Alejandra Ferrero. Desde el radicalismo hubo respuestas.
El presidente del bloque de Hacemos Unidos por Córdoba, Facundo Torres, apuntó directamente contra la bancada radical.
“Durante días algunos radicales se creyeron fiscales, jueces y dueños de la moral. Señalaron, condenaron y exigieron expulsiones, suspensiones y hasta juicio político antes de que la Justicia se pronunciara”, advirtió.
“Ahora los estamos observando, mientras quedan frente al reflejo del espejo que ellos mismos construyeron. Porque cuando uno pasa demasiado tiempo repartiendo agua bendita, llega un momento en que también tiene que enfrentar su doble y escurridiza moral”, agregó.
La discusión dentro del oficialismo pasa ahora por saber si la bancada avanzará con un pedido de apartamiento o suspensión contra Ferrero, tal como la UCR exigió en el caso del entonces legislador Ramón Ernesto Flores, cuando se conoció que José Villarreal, su asesor, había sido detenido en el marco de una causa por grooming y abuso infantil.
Uno de los más duros fue el legislador justicialista Marcelo Eslava, dirigente con militancia en el peronismo del norte cordobés junto a Flores, quien dijo a La Voz que Ferrero debería dimitir.
“La vara no es igual para todos. Estos delitos son una barbaridad. A Flores lo mataron. Nosotros vamos a ir a fondo. No puede ser que sigan diciendo que los peronistas somos los corruptos. ¿Ellos qué dicen ahora?”, se preguntó el legislador.
A las críticas se sumaron otros dirigentes. Al menos 10 legisladores justicialistas utilizaron las redes sociales en la misma línea que Torres.
“Sería importante que la Unión Cívica Radical aplique la misma vara que utilizó en su momento frente al caso Villarreal. Si entonces consideraron que existía una responsabilidad moral del legislador en cuestión, hoy deberían sostener el mismo criterio y analizar con igual rigurosidad la responsabilidad moral de la legisladora Alejandra Ferrero”, sostuvo Leonardo Limia.
La justicialista Ileana Quaglino apuntó contra Ferrero, pero también contra el exdiputado Rodrigo de Loredo y la concejala Elisa Caffaratti, ya que Ludueña ingresó durante el paso como legisladora en 2011, y desde 2015 quedó como empleado de planta permanente cumpliendo tareas en el bloque de la UCR.
“Háganse cargo. Es muy fácil hablar, señalar y condenar cuando el problema apunta hacia afuera, pero la verdadera convicción se demuestra cuando los hechos ocurren en las propias filas. La moral selectiva y el oportunismo para sacar rédito dejan en evidencia a quienes pasaron demasiado tiempo repartiendo juicios ajenos y ahora evaden enfrentar su propia coherencia”, dijo Quaglino.
También la justicialista Cristina Pereyra, de la seccional cuarta, donde Ludueña militaba para la UCR, habló de renuncias.
“Ahora estarán pidiendo la expulsión de la legisladora y la concejal involucradas y responsabilidades al presidente del bloque, ¿no? Cuando se trataba del peronismo, la responsabilidad era para todos. A ver si sostienen la misma vara ahora que el problema está en sus filas”, lanzó.
La respuesta desde la UCR
En el bloque de la UCR, la reacción de los legisladores oficialistas generó malestar y varias conversaciones internas.
Lo que intentó remarcar el radicalismo en las últimas horas es que, a su entender, no existe punto de comparación entre los asesores apartados de Flores, uno de ellos detenido por abuso infantil, y la situación de Ludueña, ya que señalaron que se trata de un empleado de planta permanente de la Legislatura.
El presidente del bloque radical, Matías Gvozdenovich, dijo: “No somos iguales. No hay nada que comparar. Ante una denuncia dolorosa, Ferrero y Caffaratti hicieron exactamente lo que debe hacer cualquier funcionario público: denunciaron, contactaron a la víctima, se pusieron a disposición de la Justicia, hicieron visible la situación y reclamaron medidas ante la Legislatura”.
“Por eso, intentar comparar su accionar con el vergonzoso caso de ‘Cañito’ Flores es una maniobra miserable destinada exclusivamente a ensuciar a dos funcionarias que cumplieron con su deber”, aseguró.
Miguel Nicolás, ante la consulta de La Voz, salió a responder al presidente del bloque oficialista.
“Facundo Torres, nunca podés comparar un caso aislado e individual, de hace más de dos décadas, contra la trama mafiosa de Villa María del Río Seco, a la que ustedes trataron de proteger desde la Legislatura con sus votos. No hay vara para medir lo abominable del norte cordobés con la actitud asumida por la UCR que, apenas conoció y tomó estado público esta actitud denunciada, pidió a la vicegobernadora que lo separaran del cargo”, dijo.
“¿Qué pedimos como UCR? Que estos hechos aberrantes no se tapen uno con el otro, que los dos se investiguen a fondo y, de resultar ciertos, se les aplique todo el rigor de la ley”, expresó.
La concejala Caffaratti, con quien se vinculó Ludueña en su trabajo de militancia en la seccional Cuarta, también salió a hablar.
“A las dos horas de tomar conocimiento, fuimos a la Justicia. Pedimos el apartamiento. No ocultamos, no dilatamos ni miramos para otro lado. ¿Ustedes qué hicieron cuando les tocó actuar? Licencias”, expresó.
En la misma línea se expresó la legisladora Brenda Austin.
“Las razones por las cuales nosotros pedimos la expulsión de Flores no tuvo que ver tanto con su involucramiento en la causa que se investiga en Villa de María del Río Seco, sino con su rol sostenido de nombrar en los cargos públicos como asesores políticos a personas que él conocía y sabía que tenían antecedentes penales… la diferencia es abismal, es una persona que hizo, usó su cargo político para encubrir, para apañar, para ascender, para nombrar a personas que conocía, que estaban cometiendo delitos dentro de su entorno más cercano”, afirmó.
Nueva denuncia por abuso sexual involucra a un empleado de planta de la Legislatura de Córdoba
