Agrupados frente al edificio judicial, padres, hermanos y esposas de detenidos alzaron la voz para denunciar impunidad, falta de parcialidad en los procesos y exigir que se revisen las causas.
Las escalinatas y veredas de los Tribunales locales se convirtieron en el escenario de una intensa manifestación. Familiares de personas privadas de su libertad se concentraron de forma pacífica para exigir el cese de lo que consideran un flagelo procesal en aumento: las denuncias falsas y la inmediata detención de los acusados sin la debida valoración de pruebas. Con pancartas y expedientes en mano, la convocatoria buscó visibilizar el profundo impacto humano y desarmar la aparente impunidad de quienes realizan exposiciones falsas ante la justicia.
Una de las voces principales de la jornada fue la de Lorena Soledad Romero, representante de la sede «El Acampe» en San Francisco, quien expuso la cruda realidad que atraviesa su núcleo íntimo. «Estamos acá en la marcha frente a tribunales. La marcha es para pedir que las denuncias falsas dejen de ser tan impunes en realidad. Yo en particular tengo un caso, tengo a mi hermano que está detenido hace un año y ocho meses por una denuncia falsa con ocho hisopados negativos».
Romero interpeló de forma directa el accionar del aparato judicial de la ciudad: «Quiero que alguien me explique acá en tribunales, que me digan por qué condenaron a una persona que tiene hisopados negativos, que demuestran que no tocó a su supuesta víctima». Asimismo, advirtió sobre la desprotección procesal que, según su óptica, sufren los hombres en el sistema actual: «Mañana te puede tocar a vos, sobre todo si sos hombre. Hoy el hombre no tiene voz ni voto. No puede hablar, no puede expresar, no puede denunciar, no puede nada. Pero sí pueden ser víctimas de las falsas denuncias, porque a eso se los condena». Al consultarle si existen antecedentes locales donde los denunciantes falsos afronten costos económicos o penales, Romero fue tajante: «No, no tenemos ninguno todavía que el que haya denunciado haya tenido que pagar. Tenemos un caso muy importante en Córdoba que salió en redes por todos lados. Los chicos que fueron absueltos, la denunciante de esos chicos no tuvo ninguna consecuencia».
El dolor de romper un hogar y la impotencia ante las sentencias judiciales marcaron el relato de Guadalupe Carnero, otra de las vecinas damnificadas que se sumó a la movilización. «A mí particularmente me tocó hace un año, en este mismo lugar, dejar a mi marido, romper mi familia, en un juicio que de justo no tuvo nada. Nosotros nos presentamos con muchas pruebas, pruebas de las cuales no aceptaron ninguna con la excusa de que es revictimizar a la víctima», relató con angustia.
Carnero disparó duras críticas hacia los magistrados y los fiscales que intervienen en la jurisdicción de San Francisco: «Nosotros acá vinimos con las manos atadas y mi marido se fue condenado. La parcialidad acá no existió. En este año me topé con muchos casos donde me topo con que la parcialidad no existe. Acá ya venimos condenados, las familias nos vamos destrozadas, a los padres se les prohíbe ver a los hijos». En su fuerte descargo, añadió que «todos son cómplices, fiscales, jueces, todos. Y las familias son las que pagan el precio de las decisiones que toman ellos acá adentro» , asegurando que existe una supuesta «baja de línea donde lo mínimo son siete años».
La jornada también estuvo acompañada por madres que cargan a cuestas con la detención de sus hijos. Una de ellas también compartió su desgarrador testimonio con Radio Estación, pidiendo el resguardo técnico de las defensas. «Yo vengo a representar a mi hijo, que hace ocho meses que está. Hay pruebas. Yo quiero que miren, miren todos los papeles, que mire la abogada, que miren los jueces, las juezas. Todo, que no todo es real. O sea, que lo dejen hablar», suplicó.
Envolviendo el sentimiento colectivo de los presentes —entre los que se encontraban abuelos, hermanos y allegados—, cerró con un llamado a la ecuanimidad de la justicia: «Hay hombres muy inocentes adentro que están pagando algo que no hicieron. Queremos alzar la voz por todo aquel inocente que hay. Así como hay gente mala, hay gente buena. No todas las mujeres dicen la verdad y no todos los hombres son culpables de muchas cosas». Las familias prometieron continuar visibilizando la problemática hasta lograr canales de revisión transparentes dentro del Palacio de Justicia local.
El reclamo se da en pleno debate por los proyectos de ley que buscan reformar el Código Penal para endurecer los castigos a los testimonios falsos.
¿En qué consiste el Proyecto de Ley de Falsas Denuncias?
La movilización en los Tribunales de San Francisco no se da en el vacío, sino en medio de una fuerte discusión institucional en el Congreso de la Nación. Diferentes iniciativas parlamentarias impulsadas en las cámaras legislativas buscan modificar de raíz el Código Penal de la Nación (específicamente artículos clave como el 109, el 245 y el 275) para elevar significativamente las penas de prisión a quienes cometan el delito de falsa denuncia o falso testimonio.
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El endurecimiento de las penas: Los proyectos presentados apuntan a elevar las escalas penales, estableciendo un piso generalizado de prisión efectiva para quienes denuncien delitos imaginarios.
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Agravantes específicos: El punto neurálgico de las reformas establece penalidades severas y agravadas (que en algunos borradores llegan a topes de entre 7 y 10 años de reclusión) cuando las falsas denuncias se radican en contextos sensibles, tales como causas de violencia de género, Delitos contra la Integridad Sexual (abuso sexual) o en perjuicio de niños, niñas y adolescentes.
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Inhabilitación y responsabilidad a terceros: Además de la cárcel, los proyectos contemplan la inhabilitación absoluta para los falsos peritos o testigos, e introducen la responsabilidad civil y penal para los medios o plataformas que difundan testimonios falsos con conocimiento de su falsedad.
Mientras los defensores de la ley argumentan que busca frenar el «daño social e institucional» y evitar que se destruyan vidas de personas inocentes, diversos sectores gremiales —como la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales— y colectivos de derechos humanos rechazan las reformas. Advierten que elevar estas penas sin evidencias estadísticas masivas podría generar un efecto regresivo, infundiendo temor y desalentando a las verdaderas víctimas de violencia a realizar denuncias ante el temor de enfrentar represalias legales si no logran probar el hecho.
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