La referente de MuMaLá, Gabriela Sosa, reclamó recursos específicos y una respuesta estatal sostenida frente al avance de los casos y cuestionó las fallas en el acompañamiento a quienes buscan protección.
Gabriela Sosa, directora ejecutiva de la Mesa Federal de MuMaLá y exsubsecretaria de Políticas de Género de Santa Fe, reclamó una declaración de emergencia en violencia de género en la provincia ante el aumento de los femicidios. En diálogo con Una Mañana Para Todos, sostuvo que esta herramienta permitiría disponer de recursos especiales y mover partidas presupuestarias de manera rápida y eficaz.
Sosa puso el foco en qué ocurre después de que una víctima realiza una denuncia. Señaló que no alcanza con entregar una prohibición de acercamiento o un botón de alarma y planteó la necesidad de analizar el recorrido de cada mujer por el Estado para detectar dónde hubo fallas, demoras o medidas de asistencia que no se concretaron.
La dirigente propuso además fortalecer las estrategias de acompañamiento en los territorios. Consideró necesario articular a centros de salud, escuelas, comisarías, municipios, organizaciones sociales y otras instituciones para diseñar respuestas específicas para cada situación. “No somos las principales responsables del acompañamiento, pero podemos cumplir un rol”, afirmó.
Sobre las herramientas de protección, Sosa sostuvo que no alcanza con una sola estrategia y remarcó que deben evaluarse los resultados de los botones de alarma y las tobilleras electrónicas. También cuestionó las dificultades para implementar estos dispositivos y señaló que, según información brindada por el ministro de Seguridad, había 200 disponibles y se habían entregado siete.
Sosa también explicó que toda muerte violenta de una mujer debe investigarse inicialmente bajo un protocolo que contempla la posibilidad de un femicidio, para luego determinar si efectivamente existieron razones de género. Entre los elementos que pueden considerarse mencionó antecedentes de violencia, testimonios del entorno y la existencia de delitos sexuales.
La referente de MuMaLá destacó además un dato que consideró especialmente preocupante: solo el 11% de las víctimas de femicidio había denunciado previamente a su agresor entre el 1 de enero y el 31 de agosto. Según explicó, el bajo nivel de denuncias puede estar relacionado con el miedo, la falta de información, experiencias negativas al acudir al Estado y la dependencia económica o habitacional respecto del agresor.
Finalmente, Sosa sostuvo que la prevención requiere políticas públicas sostenidas en el tiempo y recursos específicos. “Si no hay una política que se mantenga en el tiempo con recursos serios”, advirtió, será difícil abordar la violencia machista de manera efectiva. En ese sentido, insistió en la importancia de declarar la emergencia para fortalecer las herramientas de prevención, asistencia y seguimiento.
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