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Hay 264.000 juicios contra el Estado argentino.

Hay 264.000 juicios contra el Estado argentino.

La cifra surge de sumar las demandas con monto determinado y las que tramitan ante el tribunal internacional del CIADI, detalladas en un documento enviado por Nicolás Posse al Senado.

El Estado tiene hoy 264.102 juicios en curso por reclamos de distinta índole. Son demandas que enfrenta el país y que van desde reclamos por expropiaciones y caída de concesiones, hasta causas abiertas por negligencia administrativa. Entre los casos más relevantes se encuentran los litigios por emisión de deuda argentina impaga, luego del default declarado por nuestro país a finales de 2001; por la estatización de las AFJP; y por los incumplimientos de contratos de obra pública y concesiones de servicios energéticos y viales. Muchos de estos casos fueron promovidos por fondos de inversión extranjeros ante tribunales internacionales. Además, existen demandas laborales presentadas por empleados públicos, así como reclamos por temas de salud pública y medio ambiente.

En todos estos juicios, la defensa de la Argentina está en manos de un área clave, la Procuración del Tesoro, encargada de dirigir el Cuerpo de Abogados del Estado. De la tarea que realicen estos letrados dependen miles de millones de pesos, dólares y euros que el país tiene o tendrá que pagar. Este organismo tiene un presupuesto vigente para este año de $2.187,4 millones. Hoy su titular es Rodolfo Barra, ex juez de la Corte Suprema de Justicia entre 1989 y 1993, y ex ministro de Justicia entre 1993 y 1996, hasta que debió renunciar cuando se conoció que había sido parte de una organización filonazi durante su adolescencia. Barra sucedió a Carlos Zannini, quien ocupó el cargo en la gestión de Alberto Fernández.

De esos más de 264.000 juicios que enfrenta Argentina, solo el 20% tiene un monto determinado en la demanda por reclamos monetarios que suman USD 12.554 millones. En esta cifra están incluidos los 9 juicios que tramitan ante el Centro Internacional de Arreglos de Disputa en materia de Inversiones (CIADI), una institución del Banco Mundial con sede en Washington, por un total de USD 3.668 millones.

Los datos surgen de dos de las respuestas del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, en su informe por escrito enviado al Senado, a preguntas del senador radical Maximiliano Abad. En una de ellas, el funcionario adjuntó un documento de 10.788 páginas elaborado por la Procuración del Tesoro, con la totalidad de los juicios que enfrenta el Estado, los montos reclamados -cuando está determinado en la demanda -, y su estado procesal. El 42% de los juicios (112.174 casos) se encuentran en cumplimiento de la sentencia y el resto en distintas instancias del proceso.

Sin embargo, la cifra de USD 12.554 millones es parcial, ya que no incluye el juicio más importante que enfrenta hoy el país por la expropiación de YPF por más de USD 16.000. Si bien está incluido en esa base de datos de la Procuración del Tesoro, no tiene determinado el monto de la demanda, ya que esa suma es una estimación luego de la sentencia en un Tribunal de Nueva York de septiembre pasado. Si se suman ambas cifras, el país enfrenta un posible pasivo de, al menos, USD 28.556 millones, el doble de lo que en el Gobierno estiman que necesita el ministro de Economía, Luis Caputo, para avanzar con la dolarización: USD 15.000 millones.

En toda la serie de juicios analizada, hay 614 causas en dólares por casi USD 9.800 millones (incluidos los del CIADI). Las demandas en la divisa extranjera representan el 78% del monto total en pesos de los reclamos, que en pesos equivalen al tipo de cambio oficial del 22 de marzo pasado a $10,7 billones, según se detalla en el informe enviado por Posse a los senadores. Esta última cifra equivale al 20% del presupuesto nacional vigente.

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