El Juzgado Federal de San Francisco abrió un expediente para investigar presuntos movimientos financieros vinculados a Hezbollah, operaciones que habrían involucrado el envío de fondos desde la provincia de Córdoba hacia cuentas en el Líbano.
Surgieron reportes de operaciones sospechosas (ROS) que indicaban transferencias realizadas a través de plataformas de criptomonedas y cuentas bancarias por parte de un ciudadano colombiano nacionalizado argentino, residente en Córdoba, y de un sirio con posibles vínculos con el grupo terrorista.
La fiscalía a cargo de María Schianni ya tomó intervención en el caso, en el que se investiga la posible relación con Tawfiq Muhammad Sa`id Al Law, un residente en Líbano, conocido por haber sido sancionado en marzo por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Según las autoridades estadounidenses, Al Law había proporcionado billeteras digitales a Hezbollah para recibir fondos de la venta de materias primas a través de una red financiera que apoya a grupos terroristas en Medio Oriente.
La alerta se activó en Argentina luego de que una aseguradora y varias entidades financieras detectaran movimientos inusuales de dinero. Estas operaciones sospechosas involucraban a un joven colombiano nacionalizado argentino, identificado como M.A.F.U., quien reside en la localidad de Porteña, cercana a San Francisco. El Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (REPeT) agregó a M.A.F.U. y a Tawfiq Muhammad Sa`id Al Law a su base de datos el pasado 27 de agosto, reforzando la necesidad de una investigación en profundidad.
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La Unidad de Información Financiera (UIF) tomó cartas en el asunto al ordenar el congelamiento preventivo de los fondos involucrados, con el fin de profundizar en la investigación y determinar si los fondos están relacionados, directa o indirectamente, con organizaciones o personas terroristas. A través de un comunicado, la UIF explicó: “La medida como tal es una medida patrimonial provisoria frente a una operatoria que presenta inicialmente indicadores de poder estar vinculada con fondos que directa o indirectamente pueden relacionarse con organizaciones o personas terroristas”. Aunque la medida de la UIF no implica necesariamente la presencia territorial de Hezbollah en Argentina, pone de manifiesto la seriedad con la que se está abordando el caso.
La apertura del expediente permite a la fiscal subrogante, María Schianni, actuar en la causa y avanzar con las diligencias necesarias para esclarecer los hechos.
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Este hecho coloca a Argentina en una posición clave ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que supervisa el cumplimiento de las normas globales contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
En declaraciones recientes, la UIF aseguró que «la inteligencia financiera es un trabajo complejo de análisis de diversas fuentes de información y datos, con colaboración de otras agencias y organismos, que pretende obtener con mucha celeridad la información necesaria para que quienes tienen a su cargo la persecución penal puedan actuar con mayor eficacia». Además, subrayaron que los informes de la UIF son confidenciales y que cualquier divulgación indebida de esta información puede ser penalmente sancionada.
El caso generó preocupación tanto en los tribunales de Córdoba como a nivel nacional, ya que pone en evidencia la efectividad del sistema argentino de prevención del financiamiento del terrorismo y la importancia de una rápida acción judicial para evitar el uso del sistema financiero nacional para fines ilícitos.
