El fiscal de Delitos Complejos, Bernardo Alberione, tramita tres causas vinculadas a las consecuencias de la inundación provocada por las grandes lluvias de fines de febrero. Sin embargo se estima que finalmente no habría consecuencias penales para las personas denunciadas por alterar el curso de las aguas que invadieron campos en la periferia de la ciudad.
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La definición de las investigaciones entraría en contradicción con las duras declaraciones que formulara la semana pasada en esta ciudad el gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, quien aseguró: “Los vamos a meter presos a los que tengan canales clandestinos”.
De la Sota cuestionó enfáticamente la conducta de productores rurales que intervinieron sobre el cauce natural del agua para evitar anegamientos en sus propiedades.
Para el fiscal Alberione, la situación derivó de un fenómeno excepcional, lo que motivó que se tomaran decisiones del mismo tenor, ante lo cual la Justicia debe considerar que las mismas hayan procurado el mal menor.
Resulta oportuno recordar que a fines de febrero cayeron sobre la ciudad y la región lluvias de milimetrajes casi inéditos, provocando inundaciones en barrios de la periferia, particularmente en el oeste y noroeste.
Ante ese cuadro se tomaron decisiones como el uso de bombas arroceras para evacuar el agua hacia la zona rural, lo que agravó el panorama derivado de las precipitaciones registradas. Frente a ello algunos productores intervinieron en sus propiedades para evitar que los daños fueran más significativos.
“Tenemos dos esferas, una es la potestad pública que tiene, sea municipal o provincial respecto de las emergencias que surgen de fenómenos meteorológicos como el que acabamos de soportar en la ciudad y otra cosa es la incidencia de los particulares en las consecuencias de los fenómenos meteorológicos”, explicó el representante del Ministerio Público.
“Lo importante es saber que nadie puede cambiar el curso natural de las aguas. No puede ser alterado para beneficio de uno o perjuicio de otro porque esto implica mejorar mi situación en desmedro de la del otro, lo cual conlleva la configuración del delito de usurpación”, aclaró fundando sus dichos en los términos del Código Penal.
“Existe un interés público y una cuestión política de decisiones de dónde, cuándo y cómo canalizar las aguas en cuanto a fenómenos extraordinarios. A partir de ahí todos estamos sujetos al poder público”, aseveró ante casos como el que se produjo en la zona de El Fortín, donde hubo productores que negaron el permiso de ingreso de la maquinaria del Gobierno provincial que estaba limpiando y mejorando la red de canales próxima a esa localidad del sur del departamento San Justo.
Alberione recalcó que la tarea de la Fiscalía se hace tratando de bajar los niveles de conflictividad, buscando el entendimiento de los involucrados y volviendo a una convivencia lo más armónica posible.
Las consecuencias de las lluvias de fines de febrero aún persisten, con grandes extensiones de campos cubiertos por agua o sin ella pero inutilizados para la producción. En tanto que en la zona urbana, aún son evidentes las dificultades para una vida normal de los vecinos por el deterioro de las calles y la invasión de mosquitos, entre otros problemas.
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