Estas denuncias están siendo investigadas por la fiscalía de Guillermo Marijuán.
El día viernes, el gobierno denunció un “esquema de corrupción y desvío de fondos a través de la facturación de prestaciones médicas falsas” por un monto de USD 3.400 millones, según informó el portavoz presidencial Manuel Adorni.
Entre las irregularidades encontradas, un equipo médico encargado de auditorías, bajo la dirección del titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, detectó que en 2022 se gestionó una pensión por discapacidad laboral utilizando la radiografía de un perro. Se estima que las “pensiones truchas” podrían alcanzar las 500.000, sobre un total de 1.250.000.
Además de las pensiones fraudulentas, las autoridades de La Libertad Avanza identificaron otros gastos discrecionales, tales como servicios de catering, impresión de remeras, celebraciones por el pase a planta permanente de empleados y contrataciones de artistas.
Aunque estos gastos cumplieron con las formalidades burocráticas, se consideran inapropiados para el presupuesto de un organismo encargado de las políticas públicas en discapacidad.
La Agencia Nacional de Discapacidad, que recientemente pasó de la órbita de la Jefatura de Gabinete al Ministerio de Salud a cargo de Mario Russo, se encuentra en el centro de esta controversia. Desde la ANDIS, las autoridades describen las revelaciones como “escandalosas” y sostienen que las acusaciones sobre recortes a las prestaciones son infundadas.
“Nosotros solo recortamos los curros, los gastos superfluos como regalos institucionales o, entre muchos otros casos, el servicio de catering para evento de designación de trabajadores y trabajadoras en la Planta Permanente de la ANDIS”, declararon.
