El concejal Matías Beccaría, presidente de la bancada oficialista de San Francisco , compartió una nota de opinión pronunciando su postura respecto de la conflictiva situación que atraviesa el PAMI y otras medidas adoptadas por el Gobierno Nacional.
Las tristes modificaciones implementadas por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) reabren un debate de fondo sobre el rol del Estado en la Argentina actual. Lejos de tratarse de un cambio técnico, la medida refleja una concepción más amplia del Gobierno Nacional encabezado por Javier Milei.
La priorización del superávit fiscal como eje ordenador de la política pública, en detrimento de la inversión social, expresa una visión donde el Estado reduce su presencia y delega en el individuo y en los niveles subnacionales, la resolución de problemas estructurales.
Ésta reflexión, no pretende ser ajena a los efectos de las decisiones que tomó el gobierno nacional, es decir al padecimiento de los jubilados y sus familias, de los prestadores y sobre todo del inmenso deterioro que sufre la sociedad toda, que debe buscar respuestas rápidas en un contexto de crisis marcado por una multiplicidad de necesidades que necesitan ser resueltas. Solo pretende demostrar hasta donde pueden llegar las esquirlas, ya que resulta importante, ser conscientes de la amplitud del impacto que producen estos cambios de enfoques en las políticas de Estado.
Nuevamente surge la imagen del municipio como “Atlas del Estado”, cuando el gobierno nacional se retrae, las demandas no desaparecen, al contrario, se trasladan y se profundizan. Ese traslado tiene un destino concreto, las provincias y, fundamentalmente, los municipios y comunas: Gobiernos locales que, por cercanía, se convierten en la primera línea de contención frente a un escenario de caída del consumo, retracción económica y creciente vulnerabilidad social.
San Francisco refleja esta dinámica. La intervención municipal en materia sanitaria y social crece en volumen e intensidad, absorbiendo problemáticas que exceden sus competencias formales. Este rol activo responde a una decisión política, pero también a una necesidad concreta, ya que alguien debe dar respuesta.
Ahora bien, este proceso encierra una paradoja tan evidente como injusta. A medida que el Estado Nacional se retrae, aumenta la presión sobre los municipios. Pero, al mismo tiempo, existe el riesgo de que la sociedad termine responsabilizando a esos mismos gobiernos locales por las consecuencias de políticas que no diseñan ni ejecutan.
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