La población salvadoreña percibe una mejora en la seguridad en las calles y en la lucha contra las pandillas, gracias a las acciones tomadas por el gobierno de Nayib Bukele.

A pesar de las críticas de organismos de derechos humanos, la ciudadanía considera estas medidas como necesarias.

Marcos entrevistó a ciudadanos en las calles de El Salvador para conocer sus opiniones sobre las medidas implementadas por el presidente para combatir a las pandillas y mejorar la seguridad.

– ¿Qué percepción tienen los ciudadanos sobre la seguridad actual?

El primer entrevistado reveló que, aunque todavía existen dudas, la mayoría de las personas sienten más tranquilidad y seguridad al caminar por las calles. Comentó que sale tarde del trabajo y ahora siente mayor seguridad para llegar a su hogar. «Siento la seguridad de que voy a llegar a mi casa», dijo.

– ¿Han mejorado las condiciones de seguridad en comparación con el pasado?

Otro habitante destacó que, gracias a las acciones tomadas por el presidente Bukele, El Salvador ahora es un país más seguro. Aunque admitió que todavía falta alcanzar la paz, consideró que la situación actual es mucho mejor en comparación con el pasado, cuando las pandillas «generaban temor en la población».

Y puntualizó: «Ahora los ciudadanos pueden salir y transitar con más libertad».

¿Se siente más seguridad en todos los ámbitos de la vida cotidiana?

La tercera entrevistada también percibió un cambio positivo en la seguridad. Opinó que ya no corren tantos peligros como antes y que se vive con tranquilidad en todos los ámbitos: en casa, en el trabajo, en las calles y en el transporte público.

– ¿Qué opinan los ciudadanos sobre las críticas de organismos de derechos humanos al Estado de Excepción implementado por el gobierno?

La misma ciudadana respondió que, a pesar de las críticas de organismos de derechos humanos que argumentan que el Estado de Excepción podría quitar algunos derechos y, en ocasiones, provocar detenciones de personas inocentes, cree que estas medidas eran necesarias y que la ley debería adaptarse para proteger también a los ciudadanos que puedan verse afectados como «daño colateral».