La nueva normativa establece un marco legal para intervenir inmuebles utilizados para actividades delictivas, fortalece la lucha contra el narcotráfico y destina bienes decomisados al equipamiento de la FPA y a programas de prevención.
El gobernador Martín Llaryora promulgó la Ley Provincial 11.128, conocida como Ley Antibúnker y Antiaguantaderos, publicada este miércoles en el Boletín Oficial. La normativa crea un nuevo régimen para intervenir inmuebles y otros bienes utilizados como búnkeres, aguantaderos o vinculados a actividades delictivas, además de aquellos que, por su estado de abandono y deterioro, representen un riesgo para la seguridad pública.
La ley declara de interés público el ordenamiento territorial de seguridad y habilita la identificación, intervención, resguardo y recuperación de inmuebles utilizados como guaridas del delito. También contempla aquellos casos en los que el abandono de una propiedad genere un riesgo para la comunidad, aunque aclara que la falta de uso por sí sola no habilita la intervención estatal.
Entre las medidas previstas se incluyen el tapiado, cerramiento, clausura provisoria, bloqueo de accesos, custodia preventiva y otras acciones destinadas a impedir que estos lugares continúen siendo utilizados para actividades ilícitas. Estas intervenciones serán preventivas, temporales y proporcionales, con un plazo inicial de hasta seis meses, prorrogable si persisten las condiciones que las motivaron.
La normativa también establece que los casos donde exista ocupación efectiva del inmueble, conflictos de posesión o sea necesario adoptar medidas que excedan el carácter preventivo deberán tramitarse por la vía judicial.
En materia de lucha contra el narcotráfico, la ley modifica la Ley Provincial 10.067, permitiendo que el fiscal especializado solicite al juez medidas para hacer cesar el funcionamiento de un búnker. Entre ellas se encuentran la clausura, el aseguramiento del inmueble, la exclusión de personas vinculadas a la actividad ilícita y, de manera excepcional, la remoción, inutilización o demolición total o parcial de las estructuras utilizadas para el narcomenudeo, siempre mediante resolución judicial fundada.
Además, se crea la Unidad Interagencial de Bienes Intervenidos y el Registro Provincial de Bienes Intervenidos, que coordinarán el trabajo entre el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y Trabajo, el Ministerio Público Fiscal, la Policía de Córdoba, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) y los gobiernos locales para planificar y supervisar las intervenciones.
Otro de los puntos centrales de la ley es el destino de los bienes y recursos decomisados en causas de narcotráfico. El 60% del dinero obtenido por su venta será destinado al fortalecimiento operativo, tecnológico y logístico de la FPA, mientras que el 40% financiará programas de prevención, asistencia a víctimas, abordaje de consumos problemáticos y otras políticas públicas vinculadas a la lucha contra el narcotráfico.
Asimismo, los vehículos y otros bienes decomisados podrán ser asignados judicialmente tanto a la Fuerza Policial Antinarcotráfico como al Fuero de Lucha contra el Narcotráfico para su utilización en tareas operativas.
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