Luego de dos meses de solicitudes y reclamos por parte de los principales medios de comunicación de Córdoba, el pasado viernes finalmente se publicó en el portal oficial la lista de empleados contratados en la Legislatura.
El documento revela que hay 1.054 contratados, entre asistentes legislativos y asistentes legislativos no permanentes, aunque sigue presentando inconsistencias.
La exigencia de transparencia en la Unicameral comenzó en enero, cuando se intentó cobrar el sueldo de diciembre de una supuesta empleada contratada, lo que despertó el interés público sobre la cantidad y funciones de los trabajadores en la Legislatura.
Uno de los datos que se desprende del informe es que el legislador del departamento Río Primero cuenta con tres asesores: Nicolás Bejarano Campos, Franco Carrara Moine y Dalma Mansilla. Ante la consulta sobre sus funciones y antecedentes, el legislador optó por responder por escrito.
Según detalló, Franco Carrara Moine, oriundo de Piquillín, es contador público egresado de la Universidad Católica de Córdoba y se especializa en asesoría técnica vinculada a programas económicos y sociales orientados al desarrollo agroganadero y empresarial. Destacó la importancia de este sector en la economía del departamento y la necesidad de un trabajo coordinado.
Por su parte, Nicolás Bejarano Campos, de Tarija (Bolivia) y residente en Córdoba, es politólogo egresado de la Universidad Nacional de Villa María, miembro de la Asociación de Consultores Políticos de Argentina y codirector de la consultora Concepto Político. Su rol en la Legislatura se centra en la administración legislativa, la gestión de expedientes y la coordinación de tareas en comisiones.
Dalma Bazán, de Villa Santa Rosa, es ingresante a la carrera de Trabajo Social en la Universidad Nacional de Córdoba y se encarga de relevamientos en centros educativos y la articulación de vínculos sociales y territoriales dentro del departamento.
El legislador defendió la designación de su equipo afirmando que cada uno de los asesores fue elegido por su formación, compromiso y capacidades para aportar al desarrollo legislativo y social. También destacó que su selección no se basó en cuestiones partidarias o sociales, sino en la idoneidad para desempeñar sus funciones.
La publicación de la lista generó repercusiones en toda la provincia, reavivando el debate sobre la transparencia en la gestión de recursos públicos y el control sobre los nombramientos dentro de la Unicameral.





