Miles de personas viven en campamentos improvisados a la espera de que los ingenieros analicen las estructuras golpeadas por el terremoto
A una semana del devastador terremoto que azotó el norte de Venezuela, el número de personas desplazadas sigue en aumento y los campamentos improvisados se multiplican en plazas y parques de Caracas y La Guaira. Según el último balance oficial provisto por el Gobierno de Delcy Rodríguez, unas 15.866 personas lo perdieron todo y otras 28.380 no pueden regresar a sus hogares debido a los graves daños estructurales, a pesar de que las viviendas continúen en pie.
La situación en los 69 refugios habilitados en la zona de desastre expone realidades muy diversas y una marcada falta de coordinación en la asistencia. En espacios de fácil acceso, como el Parque del Este, la ayuda de fundaciones, particulares y empresas privadas parece desbordarse con la entrega de raciones diarias de comida, vestimenta y actividades recreativas.
En contraste, las familias damnificadas que se encuentran en los sectores más vulnerables o de difícil acceso padecen una severa desatención. Ante la emergencia, el Ejecutivo ordenó la militarización de los albergues y dispuso que pernoctar en ellos es un requisito obligatorio para poder optar a las futuras soluciones habitacionales que prometieron entregar antes de fin de año.
Para evaluar el estado de los inmuebles afectados, el Gobierno creó la comisión de Evaluación de Habitabilidad de Viviendas e Infraestructuras, encabezada por el viceministro Francisco Garcés. Sin embargo, el cuerpo de ingenieros e inspectores se encuentra completamente desbordado por la tarea de clasificar los niveles de riesgo en los miles de apartamentos dañados.
La incertidumbre generalizada se profundiza por el temor de la población ante las respuestas estatales y los traumas de tragedias del pasado, todo enmarcado en el complejo contexto de transición política que atraviesa el país tras la intervención militar estadounidense.
