A través de un decreto, el Gobierno nacional modificó la Ley de Migraciones e incorporó nuevas causales para impedir el ingreso, cancelar residencias y expulsar a extranjeros que promuevan agravios o actos de hostilidad contra el país, sus ciudadanos o los símbolos patrios.
El presidente Javier Milei firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 681/2026, mediante el cual se introdujeron cambios en la Ley de Migraciones N.º 25.871, habilitando la expulsión de extranjeros que emitan «mensajes de odio» contra Argentina y sus ciudadanos.
La medida fue publicada este jueves en el Boletín Oficial y, según explicó la Oficina del Presidente, responde a las recientes manifestaciones de hostilidad registradas contra el país tras la participación de la Selección argentina en el Mundial.
A partir de la nueva normativa, podrá prohibirse el ingreso al territorio nacional a personas extranjeras que hayan promovido o difundido mensajes que agravien al pueblo argentino o a ciudadanos por su nacionalidad.
Además, el decreto contempla sanciones para quienes hayan realizado, participado o impulsado actos considerados ofensivos contra los símbolos patrios nacionales.
Desde el Gobierno señalaron que el objetivo de la medida es preservar la convivencia social y garantizar la protección de la identidad nacional. «Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país», expresó la Oficina del Presidente en un comunicado oficial.
El texto también establece que estas conductas podrán constituir una causal para cancelar la residencia de extranjeros que ya se encuentren viviendo en la Argentina. En esos casos, las autoridades podrán ordenar la salida voluntaria del país o disponer directamente la expulsión.
No obstante, el decreto aclara que no estarán alcanzadas por esta disposición las expresiones vinculadas al disenso ideológico ni las críticas políticas, académicas o ciudadanas realizadas en el marco del ejercicio de derechos constitucionales.
La nueva redacción de la ley establece que, antes de adoptar una medida de expulsión, deberán evaluarse las circunstancias personales y particulares de cada caso.
El Gobierno declaró desierta la privatización de Intercargo por falta de ofertas
