El Gobierno nacional continúa con el traspaso de obras públicas a las provincias, entre ellos la Autopista San Francisco – Córdoba.
Por esta razón surge una preocupación central: las empresas del sector reclaman una deuda acumulada de aproximadamente $400.000 millones. Ante esta situación, la incógnita sobre quién asumirá estos pagos se vuelve relevante.
Desde el Ministerio de Economía se ha respondido que cada caso será objeto de discusión particular. En primer lugar, se mencionó que en las obras de competencia nacional, las deudas serán cubiertas por el Estado central. No obstante, para las obras transferidas a las provincias, la respuesta fue más ambigua: «eso se conversará en cada caso».
El ministro Luis Caputo y el secretario de Obras Públicas, Luis Giovine, no han proporcionado precisiones claras a los empresarios respecto a cómo se resolverá este compromiso financiero.
La Cámara del sector estima que de los $400.000 millones reclamados, unos $250.000 millones corresponden a deudas facturadas, mientras que el resto está sujeto a procesos de redeterminación de precios.
Según información recabada, se contempla transferir las deudas junto con las obras a las provincias, lo cual implica un desafío significativo para los gobernadores, quienes deberán negociar y gestionar estos compromisos financieros.
Algunos empresarios han destacado la complejidad legal y administrativa de este proceso, especialmente en casos donde las obras tienen financiamiento internacional o contratos firmados por entidades locales.
En este contexto, la urgencia de mejorar la infraestructura en el país se enfrenta a obstáculos logísticos y financieros que requieren soluciones coordinadas entre los distintos niveles de gobierno y el sector privado.
