En el dictamen del plenario de las comisiones, figura el artículo 72, que dice así: «Los jueces y las juezas de todos los fueros con jurisdicción federal con asiento en las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán dar estricto cumplimiento a las reglas de actuación que a continuación se indican, en el desarrollo de la función judicial que le ha sido encomendada».
Luego se enumeran las reglas de actuación de los jueces, y dice que una de ellas, mencionada en el inciso «e», será la obligación de «comunicar en forma inmediata al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA de la Nación cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos, económicos o mediáticos, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos de presión de cualquier índole, y solicitar las medidas necesarias para su resguardo».
En el proyecto original que envió al Senado el Poder Ejecutivo, la palabra «mediáticos» no figuraba.
La palabra «mediáticos» fue agregada por pedido del senador Oscar Parrilli, exjefe de la Agencia Federal de Inteligencia
En el debate de las comisiones, Parrilli pidió cambiar el artículo para condicionar el trabajo de los medios. En su intervención del 4 de agosto, el día en que expuso en las comisiones la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, Parrilli pidió la modificación.
«Hemos visto los últimos años en los medios de comunicación como periodistas denostaban e incluso alentaban a salir a escrachar, desprestigiar y denigrar a distintos funcionarios judiciales porque no hacían lo que ese medio pretendía con determinado proceso o causa. Aquí debemos agregar explícitamente el término mediático porque así ha ocurrido en los últimos tiempos», agregó.
Durante su exposición, el senador dijo además que lo hacía «dudar» un término del inciso «F» del mismo artículo, que originalmente desarrolla: «Evitar que el clamor público y el miedo a la crítica inciden en sus decisiones -de los jueces-, y en ningún caso deberán actuar sobre la base de consideraciones de popularidad, notoriedad u otras motivaciones impropias».
«Hay un término que me deja alguna duda: cuando dice ‘el clamor público’ tengo miedo de que sea ‘el clamor de los medios masivos’ y se tome eso como un hecho de la sociedad y no son hechos de la sociedad; hay determinados intereses económicos que utilizan los medios para presionar», sostuvo.
Parrilli concluyó sobre este punto acerca del artículo 70: «Son términos que tendríamos que por lo menos reanalizar y discutir». Su posición finalmente fue tenida en cuenta.
Críticas
Adepa y otras entidades periodísticas habían advertido que la propuesta del senador cristinista apuntaba a «condicionar el trabajo de medios y periodistas».
«Uno de los papeles constitucionales de la prensa en la democracia es, justamente, ejercer -por delegación ciudadana y a través de sus distintas voces, representativas de diversos sectores de la sociedad- su función de auditoría frente a los poderes del Estado, incluyendo obviamente el judicial», alertó la entidad.
Para Adepa, «establecer inhibiciones revestidas de giros grandilocuentes, pero que en definitiva buscan acallar esas voces, lejos de permitir un debate abierto y vigoroso que mejore y transparente la administración de Justicia, contribuirá a hacerla más opaca, más presionable, menos efectiva y menos cercana a la ciudadanía».
