El ex asesor del legislador Ramón Flores se negó a declarar. Permanecerá detenido en el penal de Cruz del Eje, lugar al que fue trasladado en la tarde de este martes.
La situación de José Aníbal Ricardo Villarreal, el ex asesor del ahora exlegislador Ramón «Cañito» Flores, se agravó aún más tras su indagatoria en la Fiscalía de Deán Funes.
A la imputación por abuso sexual con acceso carnal reiterado a adolescentes y grooming se le agregó la corrupción de menores.
Este delito consiste en promover, facilitar o inducir a una persona menor de edad a participar en prácticas sexuales prematuras, perversas o desviadas que perjudican o alteran el desarrollo normal de su sexualidad e integridad psíquica.
Así lo decidió la fiscal Analía Cepede, que lleva adelante la investigación de la causa que ya tiene 15 personas detenidas.
Villarreal se negó a declarar por consejo de su abogado este martes y permanecerá detenido en el penal de Cruz del Eje, lugar al que fue trasladado en las últimas horas.
El agravamiento de la acusación contra Villarreal llega después de que trascendiera un audio suyo en plena campaña política donde habla de mujeres como “terneritas” y “carnes tiernas” a quienes les entregaban “puertas, chapas y bolsones” para relacionarse con ellas.
Hasta el momento, los investigadores indicaron que los delitos contra la integridad sexual de los que se lo acusa a Villarreal en Villa de María del Río Seco habrían ocurrido en un sector de una de las propiedades de su exjefe, el legislador Ramón «Cañito» Flores, quien renunció a la Unicameral.
Con esta novedad judicial, el sospechoso debe enfrentar y preparar su defensa legal frente a tres señalamientos fácticos específicos y diferenciados.
Al investigarse múltiples hechos, las escalas penales pueden sumarse o unificarse legalmente, lo que eleva el riesgo de una condena más severa si el tribunal comprueba los delitos.
Por otra parte, la fiscal Cepede avanza en el análisis del material probatorio de la primera víctima que denunció a Villarreal en 2020 y cuya denuncia «habría sido cajoneada» por funcionarios policiales y judiciales.
Su abogada, Marina Romano, pidió que se investigue posible encubrimiento agravado y mal desempeño.
El caso comenzó de forma imprevista a finales de julio, a raíz de la búsqueda de una adolescente de 14 años reportada como desaparecida en la zona, quien finalmente fue localizada en la localidad de Sumampa, en la provincia de Santiago del Estero.
El análisis de los teléfonos celulares y las comunicaciones digitales de las menores permitió a la Justicia detectar una red de contactos telemáticos con numerosos adultos, develando situaciones de acoso virtual (grooming) y el traslado o sometimiento de las víctimas a encuentros presenciales de abuso.
Hasta el momento se ha identificado formalmente a cuatro adolescentes damnificadas, de entre 11 y 16 años, a quienes se les tomaron declaraciones a través de entrevistas en cámara Gesell.
La investigación registra 16 órdenes de detención, con 15 sospechosos capturados, entre ellos trabajadores rurales y un efectivo activo de la Policía de Córdoba. Además, hay un prófugo con pedido de captura.
La vinculación de uno de los detenidos con el entorno político de un legislador provincial generó fuerte repercusión pública y pedidos de mayor rigurosidad en los controles de antecedentes para el personal de la Unicameral.
Renunció el legislador oficialista Ramón “Cañito” Flores en medio del escándalo judicial
