Especialistas señalan que los principales cambios propuestos giran en torno a las internaciones involuntarias, el reemplazo del concepto de padecimiento por trastorno y el riesgo de debilitar el trabajo interdisciplinario y los dispositivos comunitarios.
El debate en torno a la salud mental y los proyectos de modificación legislativa suele transitarse con frases hechas o información superficial. Ante este escenario, la referente del sector María Laura Gaviglio visitó los estudios de Radio Estación y analizó en profundidad los puntos centrales de la normativa vigente y las implicancias que traería aparejadas el proyecto de reforma, advirtiendo sobre la necesidad de atender las verdaderas deudas pendientes del sistema sanitario.
Internaciones involuntarias: ¿qué dice la ley actual y qué cambia con la reforma?
Uno de los puntos que genera mayor confusión en la sociedad es el relativo a la internación de personas en crisis. Al respecto, se aclaró que «la internación involuntaria está vigente en esta ley actual, nunca estuvo prohibida y nunca se negó la internación involuntaria», encontrándose amparada en el artículo 20 de la Ley 26.657.
Actualmente, este recurso es tomado como una medida excepcional frente a un «riesgo cierto e inminente» para el propio paciente o para terceros —como en casos de ideación suicida planificada—, exigiendo agotar previamente los tratamientos ambulatorios y comunitarios. Sin embargo, el proyecto de reforma propone reemplazar dicho concepto por el de «daño grave«. Según se advirtió, esta modificación «flexibilizaría esta toma de decisión en cuanto a las internaciones involuntarias, quedando mucho más a discrecionalidad de profesionales» y abriendo la puerta a valoraciones basadas en potencialidades peligrosas futuras sin que exista un riesgo actual.
Cuestionamientos al encierro y la falta de dispositivos comunitarios
Desde una perspectiva crítica hacia la institucionalización prolongada, se remarcó que las internaciones prolongadas no resuelven los padecimientos de salud mental. Muy por el contrario, «cronifican las enfermedades, perjudican a los usuarios de salud mental y a sus familias o a la red que los esté acompañando».
Asimismo, se cuestionó el rol de las instituciones monovalentes —los antiguos manicomios— bajo la premisa de reflexionar como sociedad: «¿Qué resuelve el encierro?». En contraposición, se destacó la carencia de estructuras intermedias indispensables: «Hoy están faltando dispositivos, las casas de medio camino que nombraba la actual ley, no existen prácticamente, o al menos en la ciudad no existen». Estas casas funcionan como espacios de contención diurna donde los usuarios pueden realizar talleres y terapias sin perder el vínculo con su comunidad.
Interdisciplina, adicciones y el peso del modelo médico
Otro de los ejes de discusión radica en la modificación del enfoque profesional. Mientras la ley actual promueve el trabajo interdisciplinario (integrando psicología, psiquiatría, trabajo social y enfermería) y una perspectiva de derechos, la reforma reintroduciría un mayor predominio del modelo médico hegemónico. Incluso, ante la escasez de psiquiatras en el interior del país, el proyecto habilitaría la telemedicina, una herramienta cuestionada a la hora de evaluar urgencias y crisis severas a través de una pantalla.
En cuanto a los consumos problemáticos, catalogados por los profesionales como una problemática de dimensión crítica en la actualidad, se recordó que ante situaciones de violencia o riesgo inminente se recurre a las guardias hospitalarias o clínicas privadas para una estabilización inicial. Sin embargo, el cuello de botella sigue estando en la ausencia posterior de redes de seguimiento.
Presupuesto insuficiente y cambio de terminología
Finalmente, se puso el foco en el presupuesto asignado al área, señalando que el gran problema histórico es que la ley nunca se implementó tal como fue concebida. Mientras la normativa estipula que el 10% del presupuesto de salud debe destinarse a salud mental, en la práctica actual no se llega al 4%, evidenciando una falta crónica de recursos humanos y profesionales en hospitales y dispensarios.
A esto se suma la modificación de términos técnicos: pasar de «persona con padecimiento mental» —un concepto amplio sustentado en derechos— a «afección o trastorno mental«, lo cual recorta el alcance de la ley exclusivamente a aquellos pacientes que posean un diagnóstico clínico cerrado. Ante este panorama, se concluyó apelando a la responsabilidad colectiva: «Todos tenemos cierta responsabilidad justamente en el vivir en conjunto y comunidad».





