La causa por presuntos delitos de grooming y abuso sexual contra dos adolescentes en Villa de María del Río Seco generó una reacción administrativa en la Unicameral y volvió a poner en debate los controles de antecedentes para quienes trabajan en organismos del Estado.
La detención de José Aníbal Ricardo Villarreal, asesor legislativo e investigado en una causa por presuntos delitos de grooming y abuso sexual contra dos adolescentes en Villa de María del Río Seco, provocó una reacción administrativa en la Legislatura de Córdoba y reabrió el debate sobre los controles de antecedentes del personal.
La Secretaría Administrativa de la Unicameral comunicó a los jefes de bloque y a otras áreas legislativas que los asesores y funcionarios deberán presentar el certificado de antecedentes expedido por la Policía de Córdoba y, como novedad, también el emitido por el Registro Nacional de Reincidencia.
La nueva exigencia alcanzará tanto a las nuevas contrataciones como a las renovaciones de los vínculos vigentes. El personal tendrá plazo hasta el 31 de agosto para iniciar los trámites y deberá actualizar la documentación cada seis meses.
Villarreal estaba vinculado al legislador oficialista por el departamento Río Seco, Ernesto Ramón «Cañito» Flores, quien reconoció que formaba parte de su equipo y afirmó que el asesor había presentado un certificado sin antecedentes al momento de su incorporación.
El pedido para modificar el sistema
En diálogo con Cadena 3, el legislador del PRO Oscar Agost Carreño sostuvo que ya venía planteando la necesidad de modificar el sistema antes de que trascendieran los casos Villarreal y Claudio Gabriel Barrelier, el exbecario municipal acusado por el femicidio de Agostina Vega.
«Meses antes del caso Barrelier venía haciendo un planteo en la Legislatura mediante un proyecto de ley que, a su vez, cumple con un fallo del Tribunal Superior de Justicia», explicó Agost Carreño.
La iniciativa propone dejar sin efecto el sistema provincial administrado por la Policía de Córdoba y utilizar en su lugar el Registro Nacional de Reincidencia, que centraliza la información sobre los procesos penales tramitados en las distintas jurisdicciones del país.
El legislador argumentó que el certificado policial puede no reflejar imputaciones o causas penales en trámite, una limitación que podría impedir que organismos públicos o empresas privadas conozcan la situación judicial de una persona antes de contratarla.
«Si este sistema hubiese estado vigente en casos como el de Barrelier o en otros que ahora exponen a la política, esas causas podrían haber aparecido en el certificado de antecedentes penales», afirmó.
Controles cada seis meses
Agost Carreño aclaró que, para que el mecanismo sea efectivo, fiscales y jueces deben comunicar al Registro Nacional de Reincidencia las imputaciones, elevaciones a juicio y condenas.
También señaló que el trámite puede realizarse de manera digital y que su implementación no representaría un costo adicional para la Provincia.
«Es la forma que se utiliza en otras jurisdicciones sin ningún tipo de problemas. Pero para eso hay que reformar la ley y dar de baja la obligatoriedad del registro provincial», concluyó.
En el caso de Villarreal, el legislador precisó que no figuraban antecedentes al momento de su contratación. Sin embargo, su detención volvió a poner en discusión la necesidad de unificar la información judicial y establecer controles periódicos sobre las personas que trabajan en organismos del Estado.
