En el marco de la pesquisa, la fiscal de Morteros, Yamila Di Tocco, ordenó allanamientos en la sede de la Unidad de Desarrollo Especial (UDER) de San Francisco y en el Hospital de Brinkmann, con el objetivo de recabar información sobre las acciones tomadas previo al fatal desenlace.

Los operativos fueron realizados por personal de Informática de la Policía Judicial de Córdoba, quienes se enfocaron en obtener documentación relacionada con la causa. Durante los allanamientos, se incautaron varios documentos clave para la investigación, los cuales podrían ser fundamentales para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades de los organismos involucrados.

Los principales sospechosos del crimen son el padrastro de Aralí, Matías Ezequiel Simeone (33), y su amigo Cristian Hernán Varela (40), quienes están imputados por homicidio criminis causa, un delito que podría acarrear una condena a prisión perpetua.

Crimen de Aralí: La Senaf – Uder y la Justicia de San Francisco en la mira