Infobae accedió en exclusiva a mensajes, audios y chats entre exfuncionarias de la ANMAT y el INAME y empresarios farmacéuticos. La fiscalía sostiene que las comunicaciones revelan una “cobertura estatal” a los laboratorios que fabricaron y comercializaron el fentanilo adulterado vinculado con la muerte de 90 pacientes y que dejó secuelas en otros 41.
La causa investiga a Nélida Agustina Bisio, exadministradora nacional de la ANMAT, y Gabriela Mantecón Fumado, exdirectora del INAME. Ambas fueron detenidas y luego liberadas bajo una fianza de 75 millones de pesos cada una, además de tener prohibida la salida del país. El juez Ernesto Kreplak deberá resolver su situación procesal en los próximos días. En caso de ser procesadas, la expectativa de pena por los presuntos delitos por los que fueron indagadas es de 10 a 25 años de prisión.
Uno de los mensajes incorporados a la investigación fue enviado por una funcionaria del INAME a Mantecón Fumado cuando los productos elaborados por Laboratorios Ramallo S.A. y distribuidos por HLB Pharma, propiedad de Ariel García, ya circulaban en hospitales de todo el país: “Es peligroso. Una persona que reporte evento adverso o se muera, es nuestra responsabilidad.”
La respuesta de Gabriela Mantecón Fumado fue: “Es un montón de guita que está en la calle. Sí lo sé.” Para la fiscalía, este intercambio demostraría que la preocupación de la funcionaria no estaba centrada en proteger la salud pública, sino en evitar pérdidas económicas para las empresas investigadas.
El dictamen firmado por la fiscal federal de La Plata, María Laura Roteta, y Sergio Leonardo Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, se apoya en mensajes de WhatsApp, correos electrónicos y audios extraídos de los teléfonos secuestrados durante la investigación.
Según la fiscalía, esas comunicaciones revelan una trama de acuerdos entre las máximas autoridades del organismo de control y los directivos de los laboratorios, que les permitió continuar produciendo pese a las reiteradas alarmas sanitarias. La causa ya acumula 13 procesados, vinculados a HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo, las empresas que elaboraron y comercializaron el fentanilo contaminado con Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii.
Uno de los primeros episodios investigados ocurrió el 27 de noviembre de 2024, cuando Javier Tchukran, director general y de Manufactura de HLB, recibió información sobre una inspección que el INAME realizaría al día siguiente en Laboratorios Ramallo. La funcionaria Ana Laura Canil confirmó que se trataba de una inspección derivada de reportes de productos.
Según el dictamen, esa información le dio tiempo al laboratorio para encubrir irregularidades. Esa misma noche, Tchukran avisó al grupo de WhatsApp “Equipo Ramallo” que ANMAT iría a la planta y pidió que todos llegaran antes de lo normal.
La fiscalía sostiene que los integrantes del grupo intercambiaron mensajes hasta las dos de la madrugada para ejecutar al menos 18 acciones de encubrimiento, entre ellas colocar carteles de “fuera de uso” en máquinas no registradas en los batch records, sacar materia prima rechazada, masillar paredes, completar planillas de seguimiento y descartar desechos tóxicos y reactivos vencidos.
A pesar de esas maniobras, las inspectoras Sandra Fabiana Chico y Sandra Judith Berndt detectaron el 28 de noviembre fallas sistémicas en producción, control de calidad, recursos humanos y depósitos.
La investigación también reconstruyó un supuesto patrón de protección que la fiscalía rastrea hasta enero de 2024. Mantecón Fumado habría insistido para que el laboratorio respondiera los correos de Ana Laura Canil: “Te ruego respondan. Después es más difícil remontar”.
En otra conversación, Victoria García reconoció que, siguiendo instrucciones de Diego García, debía modificar documentación antes de enviarla al INAME: “Dale perfecto, ahí hago lo que dijo Diego, saco todo y dejo solo los de 500”.
El 16 de enero de 2024, Canil informó a Mantecón Fumado que había llegado una nueva notificación por un sachet de HLB contaminado con un hongo y que el laboratorio no respondía los correos. La fiscalía sostiene que, en lugar de impulsar una inspección formal, Mantecón Fumado pidió al entonces director técnico de HLB, Ariel Cons, que respondiera los correos vinculados al reporte.
Otro momento clave fue la reunión del 14 de enero de 2025, realizada en la sede central de ANMAT, en Avenida de Mayo 869. Participaron Mantecón Fumado, Bisio y representantes de los laboratorios, entre ellos Ariel García, Javier Tchukran y Victoria García.
La fiscalía sostiene que en ese encuentro se acordó cómo dejar sin efecto una carta de advertencia que podía impedir que Laboratorios Ramallo continuara fabricando. Al día siguiente, Victoria García relató que habían presentado un plan de acción y que, con ese mecanismo, “ella con ese plan de acción baja la carta y no nos inhibe la fabricación”.
La carta que prohibía la producción en Ramallo fue finalmente firmada el 10 de febrero de 2025, 38 días después de que el equipo técnico la elevara, pese a que la normativa establecía un plazo de dos días. La publicación ocurrió el 24 de febrero.
Para entonces, el fentanilo contaminado ya había comenzado a distribuirse. El primer remito data del 30 de enero de 2025. El lote 31.202 fue distribuido a cinco droguerías entre el 30 de enero y el 12 de febrero, con un total de 105.000 ampollas, mientras que el lote 31.244 sumó otras 120.000 ampollas entregadas el 14 de marzo.
El 26 de febrero de 2025, una funcionaria del INAME advirtió a Mantecón Fumado sobre la peligrosidad de los productos: “Serían todos los lotes de todos los productos elaborados por RAMALLO para HLB. Porque los procesos productivos no se realizaron bajo BPF.”
Luego agregó: “Es peligroso. Una persona que reporte evento adverso o se muera, es nuestra responsabilidad. No podemos demorar la respuesta.” La respuesta de Mantecón Fumado fue: “Es un montón de guita que está en la calle” y “Sí lo sé. Déjame ver los mail”.
El 6 de marzo de 2025, mientras se evaluaban nuevas medidas contra los laboratorios, una conversación entre Bisio y Mantecón Fumado mostró que se habría producido otra reunión con personal de los laboratorios en la sede del INAME. Bisio escribió: “Que sea discreto la retirada a sus casas”. Gabriela respondió: “Sí. Van de a poco”.
La investigación también detectó un mensaje del 26 de febrero de 2025 en el que José Antonio Maiorano asesoraba a Carolina Ansaldi sobre cómo manejar la documentación si el laboratorio continuaba produciendo pese a la prohibición: “Ojo con las fechas que ponen en la documentación, en los batch records. O sea, si siguen produciendo ojo la fecha que ponen, no pongan la fecha de ahora que supuestamente no pueden hacer nada”.
En mayo de 2025 volvió a aparecer el supuesto mecanismo de aviso previo a una inspección. El 11 de mayo, Maiorano informó que al día siguiente habría una inspección y pidió que nadie se presentara porque el laboratorio estaba cerrado.
Dos días después, el 13 de mayo, Maiorano escribió sobre la eliminación de documentación: “Está tirando todo… Esto no abre más”. Ante la pregunta sobre qué estaban tirando, respondió: “Todos los batch”.
El 14 de mayo, Edgardo Sclafani le confirmó a Victoria García: “Hoy quemamos todo…. Seguro en ese galpón no hay ni mosquitos ni palomas…. ”. Victoria respondió: “Noooo Nada de nada”.
La fiscalía también señala que Javier Tchukran habría ordenado borrar información de los servidores. Una filmación obtenida durante un allanamiento lo registró el 18 de mayo de 2025 hablando sobre la eliminación de información: “además de los mails hice borrar todo lo que estaba… por suerte gracias a Dios […] todo lo que tenemos en los servidores de información… y lo borramos todo”.
El mismo 12 de mayo de 2025, día en que ANMAT realizó la denuncia penal por las muertes en el Hospital Italiano de La Plata, la fiscalía encontró en el teléfono de Bisio un mensaje que, según el dictamen, sintetiza la lógica con la que se habría manejado la crisis: “No hacer la denuncia penal hasta no tener lo administrativo encausado.”
La fiscalía sostiene que si la carta de advertencia que prohibía la comercialización de todos los productos HLB se hubiera firmado dentro del plazo legal de dos días desde su elevación, el 8 de enero de 2025, el fentanilo contaminado no habría llegado a los pacientes.
La primera víctima fatal, según el auto de procesamiento del 13 de mayo de 2026, ingresó a un sanatorio el 7 de febrero de 2025 y recibió la primera ampolla del fentanilo HLB lote 31.202 al día siguiente. Falleció el 12 de febrero de 2025, a los 50 años.
En total, el fentanilo contaminado quedó vinculado con la muerte de 90 pacientes y dejó secuelas en otros 41, según la información expuesta en la causa.
La fiscalía concluye que Mantecón Fumado “no tenía intenciones de solicitar la prohibición de la comercialización de productos a HLB ni conducir o ejecutar ningún tipo de medida preventiva” y sostiene que, de haber actuado en tiempo y forma, “se podría haber evitado la muerte de casi un centenar de personas y las distintas lesiones graves que padecieron otras”.
Los 13 procesados vinculados a HLB Pharma y Laboratorios Ramallo incluyen a los hermanos Ariel y Diego García, Javier Tchukran, José Antonio Maiorano, Carolina Ansaldi y Edgardo Sclafani, entre otros. Bisio y Mantecón Fumado aguardan ahora la decisión del juez Ernesto Kreplak sobre su situación procesal.
