Cinco meses después del estremecedor asesinato de Aralí Vivas, la niña de ocho años que perdió la vida en Brinkmann el pasado 2 de noviembre, la causa judicial vuelve a cobrar movimiento.

El expediente, que había quedado en pausa tras la salida de la fiscal Yamila Di Tocco, fue reasignado al fiscal Oscar Gieco, quien asumió nuevamente la investigación como subrogante en la Fiscalía de Morteros.

El caso, que generó una profunda conmoción en la comunidad regional y provincial, sigue teniendo a tres personas detenidas con prisión preventiva: el padrastro de la víctima, Matías Ezequiel Simeone (33); un amigo de este, Cristian Hernán Varela (40); y la madre de la niña, Rocío Milagros Rauch (28).

Tanto Simeone como Varela enfrentan cargos gravísimos: homicidio criminis causae, una figura penal que implica prisión perpetua. De acuerdo con la reconstrucción realizada hasta el momento, ambos habrían abusado sexualmente de la menor y luego la habrían asesinado. Posteriormente, habrían prendido fuego a la vivienda en un intento por encubrir el crimen. La autopsia reveló que Aralí no tenía monóxido de carbono en los pulmones, lo que descarta que haya fallecido por el incendio. Un hallazgo clave en la investigación fue la detección de material genético masculino en el cuerpo de la niña, lo que agravó aún más las acusaciones.

En cuanto a la madre, se le imputa homicidio calificado por el vínculo, en calidad de omisión. La Justicia considera que Rauch incumplió con su deber de resguardar la integridad de su hija. Actualmente, es defendida por la representación oficial, mientras que Simeone y Varela permanecen a la espera de nuevos abogados tras la renuncia de sus defensores anteriores.

Aunque la etapa de instrucción está en su tramo final, aún faltan algunos elementos para que la causa sea elevada a juicio. Entre ellos, una pericia genética pendiente y algunas diligencias procesales menores. No obstante, con la prisión preventiva firme para los tres imputados, se estima que el juicio podría desarrollarse en los próximos meses.

El asesinato de Aralí dejó una marca imborrable en Brinkmann. La brutalidad del hecho, la cercanía de los presuntos responsables con la víctima y la corta edad de la niña han provocado una fuerte reacción social. El caso se convirtió en un símbolo del reclamo por una infancia más protegida y por respuestas judiciales más rápidas y contundentes.

La reactivación del proceso bajo la dirección del fiscal Gieco renueva las esperanzas de que se alcance justicia. En una sociedad especialmente sensible frente a los delitos cometidos contra menores, esta causa también visibiliza las falencias del sistema en materia de prevención y respuesta ante la violencia intrafamiliar. La comunidad espera no solo condenas ejemplares, sino también cambios estructurales que impidan que hechos tan aberrantes se repitan.

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