La Dirección General de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de Córdoba aplicó multas por más de $386 millones a distintas entidades financieras tras detectar fallas en la prevención de estafas digitales, deficiencias en la información brindada a los usuarios y demoras en la atención de reclamos.
Las sanciones, que alcanzan un total de $386.204.804,30, fueron impuestas en el marco de la Ley Nacional N.º 24.240 de Defensa del Consumidor, luego de comprobar que varias entidades no garantizaron los estándares de seguridad exigidos para las operaciones electrónicas ni brindaron información adecuada a los consumidores afectados por ciberdelitos.
La investigación también determinó incumplimientos de la normativa del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que obliga a las entidades financieras a contar con mecanismos eficaces para detectar operaciones sospechosas, realizar análisis integrales de riesgo e implementar medidas preventivas acordes al nivel de exposición. Además, se detectó un trato inadecuado hacia los usuarios debido a demoras y falta de respuestas a los reclamos presentados.
Entre las entidades sancionadas figuran Banco Galicia, Banco Macro, Banco Santander, Banco Supervielle, Tarjeta Naranja y Prisma Medios de Pago (Visa), entre otras. En paralelo, la Dirección de Defensa del Consumidor inició una investigación de oficio que alcanza a todos los bancos y billeteras virtuales que operan en la provincia, exigiendo la presentación de sus planes de mitigación de riesgos, metodologías de detección de fraude y medidas adicionales de seguridad para prevenir estafas digitales.
Desde el organismo provincial recordaron a los usuarios la importancia de no compartir claves ni códigos de verificación, evitar atender llamadas o videollamadas de desconocidos, no ingresar a enlaces sospechosos y nunca permitir que terceros configuren el teléfono o aplicaciones bancarias. Ante cualquier sospecha de fraude, los consumidores pueden realizar reclamos de manera presencial o a través de los canales digitales habilitados por la Dirección General de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial.
El gremio judicial de Córdoba decretó un paro de 60 horas tras rechazar la oferta salarial





