La Anses restituirá desde agosto una de las pensiones de privilegio de la expresidenta por una medida cautelar, aunque continuará apelando la decisión judicial.
La Anses confirmó que, a partir de agosto, restituirá de manera provisoria una de las pensiones de privilegio que percibía Cristina Kirchner, en cumplimiento de una medida cautelar dictada por la Justicia previsional. El beneficio será de $15.683.154,06 brutos, con los descuentos correspondientes por obra social e impuesto a las ganancias.
La restitución responde a una resolución de la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social, que en febrero habilitó el pedido de la expresidenta para recuperar temporalmente uno de los beneficios mientras se resuelve si fue válida la decisión de suspender los pagos tras su condena en la causa Vialidad.
Si bien el organismo previsional acatará la orden judicial, aclaró que continuará apelando la medida. La Anses sostiene que el pago no debió autorizarse sin una garantía patrimonial que permita recuperar los fondos en caso de que la resolución definitiva le resulte favorable, por lo que presentó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia.
Por su parte, Cristina Kirchner presentó una caución juratoria, comprometiéndose a devolver el dinero si la Justicia determina que la suspensión del beneficio fue correcta. El tribunal consideró suficiente esa garantía para habilitar el pago provisorio.
Hasta noviembre de 2024, la exmandataria cobraba dos asignaciones previstas en la Ley 24.018: una por haber sido expresidenta y otra derivada de la pensión por el fallecimiento de Néstor Kirchner. Ambas fueron suspendidas tras la condena a seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
La medida cautelar ordenó restituir únicamente la pensión derivada de Néstor Kirchner, sin incluir el adicional por zona austral que también percibía. En el último mes en que recibió ambos beneficios, los ingresos superaban los $35 millones brutos y rondaban los $22 millones netos.
Los jueces Sebastián Russo y Juan Fantini justificaron la decisión al considerar que se trata de un ingreso de carácter alimentario, mientras que el procurador general Eduardo Casal sostuvo que la condena penal implica la suspensión del beneficio previsional y consideró que la Corte Suprema debe revisar el caso.
El reclamo por el cobro simultáneo de ambas prestaciones continúa en la Justicia y aún no cuenta con una resolución definitiva.
