La Casa Rosada analiza incorporar modificaciones para reducir el impacto fiscal de ambas normas y busca llegar con acuerdos políticos antes del envío del proyecto al Congreso.
El Gobierno evalúa incluir cambios en las leyes de Discapacidad y Financiamiento Universitario dentro del proyecto de Presupuesto 2027, que enviará al Congreso antes del 15 de septiembre. La iniciativa busca reducir el impacto fiscal de ambas normas y dependerá de los acuerdos que el oficialismo logre con gobernadores y bloques aliados.
La decisión aún no está cerrada. En el Ejecutivo reconocen que el intento realizado durante el tratamiento del Presupuesto 2026 fracasó por falta de consensos, por lo que ahora buscan fortalecer las negociaciones antes de volver a impulsar las modificaciones.
En ese marco, la Casa Rosada pretende que el debate sobre universidades y discapacidad quede incorporado dentro del Presupuesto y no avance mediante leyes específicas que impliquen nuevos aumentos del gasto público.
En el caso de las universidades, la Corte Suprema mantiene vigente una medida cautelar que obliga al Gobierno a cumplir con la actualización salarial de docentes y no docentes y con la recomposición de becas estudiantiles, mientras continúa el proceso judicial.
Respecto a discapacidad, el oficialismo analiza incorporar auditorías, reempadronamientos, controles sobre pensiones no contributivas y una revisión del financiamiento para reducir el costo fiscal y reforzar los mecanismos de control.
La estrategia forma parte de una negociación más amplia con gobernadores para asegurar respaldo al Presupuesto 2027, la reforma electoral y otros proyectos considerados prioritarios por el Gobierno. Además, el Ejecutivo mantiene como objetivo sostener el superávit fiscal y la estabilidad macroeconómica.
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