La adhesión será voluntaria y las provincias que se sumen deberán afrontar la instalación y mantenimiento del sistema. Las empresas de telecomunicaciones tendrán hasta 48 horas para concretar los bloqueos solicitados.
El Gobierno nacional creó un programa destinado a extender a las cárceles provinciales el sistema de detección y bloqueo selectivo de teléfonos celulares que ya funciona en establecimientos penitenciarios federales.
La medida fue formalizada mediante la Resolución 806/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, publicada este martes en el Boletín Oficial. El objetivo es impedir que las personas detenidas utilicen teléfonos para mantener comunicaciones vinculadas con actividades delictivas o impartir órdenes desde las unidades penitenciarias.
La adhesión al programa será voluntaria para las provincias. Las jurisdicciones que decidan incorporarse deberán firmar un convenio con el Estado nacional y asumir los costos de compra, instalación, mantenimiento y supervisión de los dispositivos.
A diferencia de los inhibidores generales, la tecnología permitirá identificar dispositivos específicos dentro de los sectores restringidos de las cárceles. El sistema podrá detectar el IMEI del teléfono, el IMSI de la tarjeta SIM y la línea telefónica asociada.
De esta manera, se busca evitar que el bloqueo afecte las comunicaciones de las personas que se encuentran fuera de los establecimientos penitenciarios.
Cuando se detecten teléfonos activos dentro de las zonas restringidas, los establecimientos deberán elaborar reportes con los datos de cada dispositivo. Esa información será enviada diariamente a un servidor del Ministerio de Seguridad Nacional, que funcionará como intermediario con las empresas de telecomunicaciones.
Una vez validada la solicitud, las operadoras tendrán un plazo máximo de 48 horas para ejecutar el bloqueo y comunicar que la medida fue aplicada.
El sistema también contempla mecanismos de control para evitar interferencias sobre las redes de telefonía ubicadas en las zonas cercanas a las cárceles. En caso de que los equipos generen inconvenientes sobre las comunicaciones externas, deberán ser apagados hasta solucionar el problema.
Las jurisdicciones que adhieran deberán mantener registros actualizados de los dispositivos detectados, realizar auditorías y designar responsables encargados de supervisar el funcionamiento del sistema.
Además, deberán establecer espacios seguros para que determinados funcionarios y profesionales autorizados puedan dejar sus teléfonos antes de ingresar a las áreas sometidas al sistema de detección.
El convenio tendrá una vigencia inicial de dos años, según las condiciones establecidas por el Gobierno nacional.
En Santa Fe, la implementación todavía dependerá de una eventual adhesión del Gobierno provincial. En caso de avanzar con el programa, las autoridades deberán definir cuáles serán las unidades penitenciarias donde se instalará el sistema y afrontar los costos correspondientes.
La iniciativa busca reforzar los controles dentro de las cárceles y evitar que los teléfonos celulares sean utilizados desde el interior de los establecimientos para sostener comunicaciones relacionadas con organizaciones delictivas.
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