Con paros y medidas de fuerza los trabajadores del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba siguen reclamando en todas las sedes tribunalicias y San Francisco no es la excepción.
Durante las últimas horas de la jornada de este martes llevaron a cabo una asamblea y manifestación reclamando aumentos salariales.
A continuación, el escrito enviado a fin de visibilizar el reclamo:
Magistrados, Funcionarios
Abogados y Público en General
Las empleadas y empleados del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba
queremos poner en su conocimiento la crítica situación salarial que atravesamos.
Este año judicial probablemente se vea atravesado y afectado por nuestra
lucha y no deja de interpelarnos la incómoda situación de tener que afectar el servicio
para ser escuchados. Es por ello, que decidimos dirigirnos a Uds. y relatar brevemente
algunos de nuestros motivos:
● Un meritorio al ingresar al Poder Judicial percibe un salario de $770.000
● Un auxiliar con más de 7 años de antigüedad y dos títulos de grado percibe un
salario de 1.200.000.
● Un empleado que ingresó en el año 2019, continúa siendo primera categoría
del escalafón (meritorio), cuando de respetarse la promoción automática de
categorías cada dos años, sería categoría escribiente (3ra).
● Los empleados aportamos a la caja de jubilación un 22% de nuestro salario, el
aporte más alto de la Provincia, incluso más alto que nuestros funcionarios y
magistrados.
● La obra social proporcionada –APROSS- es totalmente deficiente en la
prestación de su servicio.
● El título de abogado tiene un valor fijo de $172.399,49. Los demás títulos de
grado, posgrado, diplomaturas no tienen un valor económico para nuestro
empleador.
● Tenemos inhabilitada totalmente nuestra matrícula por lo que de ningún modo
podemos usar nuestro saber para realizar tareas jurídicas fuera del Poder
Judicial como paliativo a la dura situación económica que atravesamos.
En el año 2010 la Legislatura de la Provincia dictó la Ley 9725 en la que se
estableció “…las compensaciones remuneratorias de los Jueces y miembros del
Poder Judicial Provincial serán fijadas, de manera paulatina, automática y hasta
alcanzar el noventa por ciento (90%) de las remuneraciones netas de bolsillo de los
cargos equivalentes de la Justicia Federal…”. Si bien los magistrados y funcionarios
judiciales poco después lograron hacer efectivo dicho mandato, los empleados 15
años después continuamos esperando la prometida equiparación a los salarios de la
Justicia Federal.
Reclamamos el cumplimiento de la ley y consecuente equiparación de la
planta, considerando que los 15 años de espera han sido tiempo suficiente para que
el empleador realice las gestiones pertinentes a fin de lograrlo.
Somos comprometidos con la tarea que realizamos, nos importa brindar un
servicio de justicia de calidad y nos capacitamos permanentemente para lograrlo, pero
nada de eso se ve reflejado en la remuneración que percibimos. Por eso, hoy
paramos.
Que hipócritas seríamos, si creyendo en la justicia como valor fundamental,
no actuáramos frente a la injusticia de tener un salario que en la actualidad no nos
permite vivir con dignidad.
Deseamos que esta carta ayude a comprender el porqué de nuestros
reclamos y de las medidas que hemos decidido tomar.
