Uno de los ejes centrales de la ley es la colocación de sellos a los productos que tengan exceso de grasas, azúcares, sodio y calorías.
A casi dos años de la sanción de la Ley de Promoción de Alimentación Saludable -conocida como de Etiquetado Frontal- hay un avance del 63,3% de los aspectos normativos necesarios para su implementación (sellos, regulación de publicidad, etc.), aunque solo siete provincias adhirieron, lo que impacta fundamentalmente en la falta de reglamentación de los entornos escolares y en la compras públicas de cada jurisdicción.
Los datos surgen del Mapa Normativo del Etiquetado Frontal en Argentina, una herramienta desarrollada por la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) y la Fundación Sanar presentado en la jornada inaugural del 1° Congreso de Políticas Alimentarias en Argentina, que se realiza entre hoy y mañana en la Ciudad de Buenos Aires.
«Este índice que creamos contiene tanto las competencias a nivel nacional como las provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires en el aspecto normativo; el avance general de las normativas para que pueda implementarse la ley conocida como de Etiquetado Frontal es del 63,3%», detalló a Télam la nutricionista Florencia Guma, co-fundadora de Sanar.
Creación de un registro de infractores y más provincias adheridas: lo que falta
Por su parte, la abogada María Laura Fons, del área de Salud de Fundeps, explicó que «Nación ya tiene la mayor cantidad de las normas complementarias (reglamentación, regulación de la publicidad, etc.) publicadas».
«Lo principal que le falta a Nación es la creación de un registro nacional de infractores, el resto está casi todo regulado», sostuvo.
Y especificó que «lo que atañe a las competencias de las provincias tienen que ver sobre todo con dos aspectos de la ley: los entornos escolares saludables y las compras públicas».
En este contexto, solo siete provincias se adhirieron a la ley, de las cuales, cuatro (Chaco, Chubut, La Rioja y Río Negro) simplemente adhirieron y tres (Neuquén, Salta y Tierra del Fuego) mostraron algún avance, sobre todo en los mecanismos de implementación pero no respecto a componentes principales de la ley.
