La iniciativa del Ministerio de Seguridad Nacional cruzará bases de datos oficiales para identificar a las personas buscadas consideradas de mayor riesgo. En Santa Fe, un sistema provincial de difusión de prófugos y recompensas contribuyó a 16 detenciones y al pago de $92 millones por información relevante.
El Gobierno nacional puso en marcha el programa “Los Más Buscados”, una iniciativa que utilizará un sistema automatizado para clasificar a prófugos y personas evadidas de la Justicia según su peligrosidad y establecer prioridades de captura.
La medida quedó formalizada mediante la Resolución 1089/2026, firmada por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, y publicada en el Boletín Oficial. El objetivo es mejorar la coordinación de las fuerzas federales y concentrar los recursos de investigación en los casos considerados de mayor riesgo para la seguridad pública.
Cómo se determinará quiénes son los más buscados
El programa funcionará dentro del Comando Unificado Federal de Recaptura de Evadidos (CUFRE), dependiente de la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos Federales.
Para establecer las prioridades, el sistema tendrá en cuenta distintas variables, entre ellas la gravedad de los delitos imputados o por los que exista condena, las penas previstas o impuestas, los antecedentes de reincidencia y la vinculación con organizaciones criminales.
La resolución también establece la creación de una Mesa de Evaluación de Casos de Personas Prófugas y Evadidas, encargada de definir, validar y actualizar los criterios utilizados para determinar la peligrosidad.
Sin embargo, la normativa no especifica una fórmula matemática ni el peso que tendrá cada variable. Tampoco presenta una lista inicial de personas que serán priorizadas: establece la estructura para desarrollar e implementar el sistema.
La nueva base de datos recibirá información actualizada del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) y del Programa Nacional de Recompensas. Además, se invitó al Registro Nacional de Reincidencia, dependiente del Ministerio de Justicia, a aportar información sobre antecedentes penales, declaraciones de rebeldía y órdenes de captura vigentes.
La mesa de evaluación estará integrada por representantes del Ministerio de Seguridad y de distintas fuerzas federales, entre ellas la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal.
También podrán participar representantes del Poder Judicial, los ministerios públicos y otros organismos competentes.
El espacio deberá reunirse una vez por mes, coordinar acciones de búsqueda, monitorear el funcionamiento del sistema y elaborar informes estadísticos y de gestión. La normativa contempla, además, acuerdos de confidencialidad y medidas para proteger la información incorporada a la base de datos.
Entre los fundamentos de la medida, el Ministerio de Seguridad señaló que la complejidad del crimen organizado y la cantidad de personas que permanecen prófugas requieren herramientas que permitan identificar y localizar objetivos prioritarios.
La resolución menciona experiencias de Reino Unido, Estados Unidos, Colombia y México, además de las notificaciones rojas de Interpol. También reconoce antecedentes nacionales, como el Programa Nacional de Recompensas y una lista de personas más buscadas impulsada por el Ministerio de Justicia en 2016.
Según la normativa, la implementación del programa no implicará una erogación presupuestaria para el Estado nacional y entrará en vigencia desde su publicación.
Santa Fe: 16 detenidos y $92 millones en recompensas
En paralelo, la provincia de Santa Fe cuenta con una política de difusión de personas buscadas y recompensas impulsada por el gobierno de Maximiliano Pullaro.
La plataforma provincial reúne información sobre prófugos, recompensas vigentes, pedidos de colaboración para esclarecer delitos y solicitudes de paradero. También permite consultar los resultados obtenidos a partir de la participación ciudadana.
Según datos difundidos por el gobierno santafesino a comienzos de octubre, 16 prófugos considerados de alta peligrosidad fueron detenidos en el marco de esta política y se pagaron $92 millones en recompensas a personas que aportaron información relevante.
La experiencia provincial constituye un antecedente para las estrategias de búsqueda y captura que el Gobierno nacional busca fortalecer con el nuevo programa.
