En San Francisco, el recambio por medidores inteligentes generó una polémica jurídica. Advierten que los aparatos son propiedad privada y que el municipio no puede apropiarse de ellos sin una norma que lo avale.
La modernización del sistema de medición de agua en San Francisco, que implica el recambio de más de 15.000 medidores convencionales por equipos inteligentes, ha abierto un inesperado frente de debate legal. En una entrevista con Radio Estación, Germán Cassinerio, representante del Partido Libertario de San Francisco, planteó «dudas fundadas, razonables y preventivas» sobre la propiedad de estos artefactos.
A través de un análisis jurídico, Cassinerio sostiene que el medidor es un «bien mueble» que históricamente ha sido adquirido, instalado y mantenido por los propios vecinos. «El municipio no los da en comodato porque no los adquirió el municipio; los medidores son de los vecinos», sentenció.
Según el análisis de la normativa local —incluyendo las ordenanzas 5272 y la más reciente 7942—, en ninguna parte se establece que la propiedad de los medidores pase automáticamente a manos municipales.
La lógica de las normativas vigentes siempre ha cargado los costos en el ciudadano:
-
Adquisición y recambio: A cargo del frentista.
-
Mantenimiento y limpieza: Responsabilidad del vecino.
-
Instalación de oficio: Si el vecino no lo cambia en 30 días, AMOS puede hacerlo y cobrar el equipo. Sumando una multa que Cassinerio calificó de «locura» y «confiscatoria».
«A partir de que te intiman a colocarlo o a recambiarlo, si después de esos 30 días no lo haces, no solamente te multan, el 850% te cobran de la tasa básica y aún AMOS tiene las facultades de instalártelo de oficio y después cobrarte el medidor.»
La preocupación no es solo simbólica, sino también económica. Cassinerio advirtió que un medidor usado convencional se ofrece en páginas de ventas online entre los $40.000 y $85.000, llegando en algunos casos a los $100.000. «Si se van a cambiar más de 15.000 medidores, estamos hablando de mucho dinero que es de la gente», remarcó.
Ante la falta de una norma que otorgue la propiedad al municipio, Cassinerio recomienda a los vecinos actuar de manera preventiva para dejar constancia de la trazabilidad del bien:
-
Exigir un acta de recambio: Debe figurar el número de serie del medidor viejo, su estado y nombre y apellido de quién realiza la extracción.
-
Solicitar la devolución: El municipio debería devolver el equipo retirado al propietario.
-
Dejar constancia por escrito: En caso de negativa, el vecino debe manifestar su oposición en el acta o recabar pruebas (fotos, videos o testigos) para un reclamo posterior.
«El medidor forma parte del servicio de medición, pero eso no tiene nada que ver con el derecho de propiedad», aclaró Cassinerio, comparándolo con servicios de internet donde los equipos sí se entregan en comodato (préstamo de uso), algo que no ocurre con el agua en nuestra ciudad.
Finalmente, el debate se extendió hacia la forma en que se factura el servicio en San Francisco. Cassinerio cuestionó que se utilicen ‘fórmulas oscuras’ atadas a los metros construidos.
«No me medís por consumo real de agua y me metés fórmulas oscuras, atadas a los metros construidos, que no tienen nada que ver con el agua que yo consumo, porque es una cuestión recaudatoria también. Y el agua no hay que tratarlo como una cuestión recaudatoria, sino como brindar un servicio que es esencial para la gente.»
«Hagamos las cosas bien, devolvamos el medidor a la gente y cobremos el agua por consumo real. Yo consumo tanto, pago tanto», concluyó.
Juan Carlos Sola: «Es fácil decir déficit cero sin cumplir con las obligaciones»
Facundo Farías: «La juventud tiene que ser el motor para que Damián y Martín sigan en 2027»
