Una veintena de personas perdió la vida en ríos, lagos y piletas durante los últimos cuatro meses. Desde la Asociación Mutual de Guardavidas de Córdoba advierten que es urgente contar con una legislación para regular la actividad, y asegurar el cuidado de los bañistas. Varios proyectos se discuten en la Legislatura.
Desde noviembre del año pasado a lo que va de 2024, en la provincia de Córdoba se produjeron más de una veintena de muertes por ahogamiento tanto sea en ríos, lagos y piletas en distintas zonas de la provincia de Córdoba.
En lo que parece ser un récord nacional esta temporada y en el marco de una situación crítica que pone a Córdoba en el ojo de la tormenta, desde la Asociación Mutual de Guardavidas de Córdoba advirtieron que la Provincia no adhirió a la Ley Nacional Nº 27.155, también conocida como «ley de ejercicio profesional de los guardavidas«, que fue sancionada el 10 de junio de 2015 y regulada en el año 2021.
Una ley nacional a la que Córdoba no adhirió
Esta legislación reconoce a los guardavidas habilitados como «personal capacitado para la protección y resguardo de la vida humana en el ambiente acuático». Y obliga a contar con una «instrumentación y capacitación para los y las guardavidas, garantizando su seguridad y mejorando las tareas de prevención que realizan».
Ante la cantidad de muertes por ahogamiento, casi todos los bloques en la Legislatura provincial presentaron distintas iniciativas para poder brindar un instrumento legal que refuerce la presencia de bañeros en los cursos de agua, se regule la actividad, se establezcan herramientas de seguridad náutica y hasta sea obligatorio usar el salvavidas en embarcaciones y no tan sólo tener cierta cantidad por pasajeros, pero tenerlos guardados.
Alejandra Ferrero, que encabeza el bloque de la UCR en la Unicameral, fue la legisladora que el mes pasado presentó un proyecto con el objetivo de adherir a la Ley nacional, luego de mantener encuentros con la Asociación de Guardavidas. En su propuesta busca regular la formación y el ejercicio del trabajo, incorporar presupuestos básicos y establecer obligaciones para el suministro de equipamiento, «con el fin de permitir la atenuación de riesgo y la mayor efectividad en la tarea de prevención y rescate en casos de emergencia».
Un registro nacional público de guardavidas
Además, incorpora la creación del Registro Nacional Público de Guardavidas, en el cual podrán inscribirse «todos aquel que ejerzan la actividad en cualquier ambiente acuático», entre otros aspectos.
En tanto, la legisladora radical Ariela Szpanin presentó otros dos proyectos. En uno busca una regulación de la seguridad náutica en la provincia, en el segundo impulsa la obligatoriedad de uso de salvavidas dentro de las lanchas o embarcaciones, y no únicamente que estén a disposición una cierta cantidad según la capacidad de tripulantes.
Estas son algunas de las propuestas que deberán ser analizados por un plenario de comisiones para poder emitir un dictamen unificado que ponga un coto a la falta de regulación que hay en la materia.
Cabe recordar que si bien en la provincia de Córdoba rige desde el año 2001 la Ley provincial N° 8939, la misma nunca fue reglamentada, lo cual implica que su vigencia no es efectiva.
