Daniela Morales anunció que presentará una denuncia penal contra el Patronato del Liberado y el juez de Ejecución Penal por presuntas irregularidades en el control de la libertad condicional del acusado del femicidio de Rocío Gómez. La letrada sostuvo que hubo fallas graves en el sistema y cuestionó el accionar de los organismos involucrados.
La abogada de la familia de Rocío Gómez confirmó que avanzará con una denuncia penal formal contra el Patronato del Liberado y el juez de Ejecución Penal, al considerar que existieron incumplimientos en el seguimiento de Maximiliano Baudracco, acusado del femicidio.
En declaraciones a Cadena 3, Daniela Morales aseguró que no se trató de errores aislados, sino de fallas reiteradas dentro del sistema judicial.
«No estamos frente a errores aislados, sino a señales reiteradas de un sistema que da demasiadas oportunidades. Cuando la Justicia llega tarde en materia de violencia de género, el costo se mide en vidas», expresó.
Según explicó la letrada, Baudracco cumplía una condena bajo la modalidad de libertad condicional y estaba bajo la supervisión conjunta del Patronato del Liberado y del Juzgado de Ejecución Penal.
Además, remarcó que el propio exabogado del acusado reconoció públicamente que el agresor no debía encontrarse en libertad.
En paralelo, el ministro de Justicia de Córdoba, Julián López, ordenó una investigación administrativa para determinar si existieron fallas en la comunicación de los informes que el Patronato debía remitir a la Justicia.
Uno de los puntos más cuestionados por Morales es que el último informe del Patronato habría sido recibido por el juez el 20 de julio a las 15:30, horas después del femicidio y en pleno feriado.
La abogada calificó de «desfachatez» las declaraciones públicas de la directora del organismo, quien había asegurado que se habían presentado todos los informes correspondientes.
«Era una burla, porque se dijo que se habían realizado todas las presentaciones cuando el último informe fue presentado horas después del femicidio», sostuvo.
Morales adelantó que la familia solicitará que la Justicia investigue posibles delitos contra la administración pública y analizará la eventual existencia de incumplimientos por parte de los funcionarios responsables.
La presentación apuntará tanto contra el Patronato del Liberado como contra el juez de Ejecución Penal y buscará determinar si hubo omisión en los controles previstos por la ley.
«Tienen que dar explicaciones. Hay una trazabilidad en todo este proceso y tuvo una consecuencia gravísima: la muerte de Rocío Gómez», concluyó la abogada.
