La Comisión Interamericana de Derechos Humanos inició una investigación de fondo para determinar si el Estado argentino incumplió sus obligaciones frente al conflicto ambiental que vecinos de barrio San Antonio mantienen desde hace más de una década. La presentación fue realizada por Fundeps y VUDAS por el funcionamiento de la planta de bioetanol de Porta Hnos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) abrió formalmente un caso contra el Estado argentino por la situación ambiental y sanitaria denunciada por vecinos de barrio San Antonio, en la ciudad de Córdoba, a raíz del funcionamiento de la planta de bioetanol de Porta Hnos. La decisión representa un avance en un reclamo que comenzó hace más de una década y que ya atravesó distintas instancias administrativas y judiciales.
La petición fue presentada en abril de 2024 por Fundeps junto a Vecinas Unidas en Defensa de un Ambiente Sano (VUDAS) y quedó registrada como Caso N.º 15.978. Ahora, la CIDH deberá analizar si el Estado argentino garantizó de manera adecuada derechos vinculados con un ambiente sano, la salud, la participación ciudadana, el acceso a la información y la tutela judicial efectiva.
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de la planta. Según las organizaciones que impulsan el reclamo, Porta Hnos. no realizó el estudio exigido por la legislación provincial, pese a que distintas resoluciones judiciales ordenaron avanzar con ese procedimiento.
Un conflicto que lleva más de una década
El reclamo de las familias de barrio San Antonio comenzó en 2012, cuando comenzaron a denunciar problemas vinculados con el funcionamiento de la planta y posibles impactos sobre la salud y el ambiente. En 2016 se inició una acción colectiva de amparo ambiental que tuvo distintos pronunciamientos judiciales a favor de los vecinos.
De acuerdo con la información publicada sobre el caso, hubo resoluciones judiciales en 2019, 2020, 2022, 2024 y 2026 que exigieron a la empresa acreditar la realización de la evaluación ambiental. El conflicto continuó debido a que, según las organizaciones, esas decisiones no se tradujeron en una solución definitiva.
La situación también llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que anteriormente no admitió el planteo presentado por los vecinos. Ante la falta de una respuesta considerada efectiva en el ámbito nacional, VUDAS y Fundeps recurrieron al sistema interamericano.
La investigación sobre los jueces
El expediente internacional también coincide con una investigación impulsada por el Ministerio Público Fiscal de la Nación contra los jueces federales Abel Guillermo Sánchez Torres y Graciela Susana Montesi, integrantes de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.
La investigación analiza una presunta admisión de dádivas vinculada con un viaje realizado en un avión privado hacia Punta del Este. La causa se encuentra en trámite y no existe una sentencia que determine responsabilidades penales, por lo que las sospechas deberán ser investigadas y acreditadas en el proceso correspondiente.
Qué analizará la CIDH
Con la apertura del caso, la CIDH deberá estudiar la posible responsabilidad internacional del Estado argentino y las medidas adoptadas durante todos estos años frente al reclamo ambiental.
El organismo analizará especialmente si las autoridades garantizaron mecanismos efectivos para proteger los derechos de las familias afectadas y si las respuestas administrativas y judiciales fueron suficientes frente a la situación denunciada.
Para VUDAS y Fundeps, la apertura de esta instancia representa un paso importante después de años de reclamos. A partir de ahora, el Estado argentino deberá responder ante el organismo internacional y aportar información sobre las actuaciones realizadas en relación con el conflicto ambiental.
