La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) informó este martes que finalizó el «proceso de renuncia de los arzobispos, obispos diocesanos y obispos auxiliares” a los fondos recibidos en el marco de la Ley 21.950, lo que significa que las autoridades de la Iglesia Católica dejarán de tener aportes económicos del Estado nacional.
Cabe recordar que la renuncia se dio en el último día hábil del mes de diciembre en Asamblea Plenaria y según lo acordado con la Secretaría de Culto de la Nación.
En este contexto, el obispo de San Francisco, Sergio Buenanueva, confirmó en una entrevista brindada que es un paso dado en el marco de un proceso que comenzó en 2018 y que finalizó con esta determinación, que entra en vigencia en estos primeros días de 2024. Sobre eso, afirmó que les «otorga más independencia y da más tranquilidad». Añadió que «si bien el aporte del Estado era mínimo, la idea era que dejara de serlo».
También aclaró que no se trata de un efecto de las medidas económicas del presidente Javier Milei, sino que es parte del proceso comenzado por Mauricio Macri, que luego continuó Alberto Fernández. Además, indicó que «va a seguir con lo seminarios de frontera, pensando a fondo el sostenimiento de las iglesias».
En referencia al salario que perciben los obispos y sacerdotes, el monseñor aclaró que no superan los 210 mil pesos, más los aportes jubilatorios, y que incluyen tanto a los activos como jubilados. Manifestó que los gastos se pagan con el aporte de los fieles, dado que hay un sistema dentro de la Iglesia que lo permite.
Cómo inició el proceso
En una resolución emitida el 26 de abril de 2023, el Ministerio de Relaciones Exteriores autorizó que los arzobispos y obispos que “hayan cesado en sus cargos por razones de edad o de invalidez puedan solicitar, de manera particular, con una serie de requisitos, recibir el beneficio de la asignación prevista en la ley”.
La Ley 21.950, de 1979, fija que los «arzobispos y obispos con jurisdicción sobre arquidiócesis, diócesis, prelaturas, eparquías (circunscripción territorial bajo la autoridad de un obispo) y exarcados (territorios) del Culto Católico Apostólico Romano gozarán de una asignación mensual equivalente al 80 % de la remuneración fijada para el cargo de Juez Nacional de Primera Instancia, hasta que cesen en dichos cargos».
“El monto actual de la asignación es de 98.000 pesos”, mencionó la CEA sobre el monto que obtenían los eclesiásticos.
En tanto, se recordó que en 2018 la CEA había anunciado su «decisión de renunciar progresivamente a los fondos estatales” y se estableció que en julio de 2020 “los obispos avanzaron en su idea de generar nuevos mecanismos para financiarse y presentaron el Programa de Financiamiento Eclesial (FE), destinado al desarrollo de la consecución de donantes y fondos para solventar las tareas pastorales en el país».
«Si bien el aporte que realizaba el Estado -que se destinaba principalmente a pagar las asignaciones mensuales a obispos, párrocos de frontera y seminaristas diocesanos- cubría solamente el 10% del presupuesto total de la Iglesia, era de gran ayuda para las diócesis más pobres», se resaltó.
