El debate por la baja de la edad de punibilidad volvió a instalarse con fuerza en el Congreso Nacional a partir de distintos proyectos que buscan reformar la Ley Penal Juvenil.
En ese contexto, el Juez de Menores de San Francisco Dr. Andrés Peretti analizó el alcance de la iniciativa y sostuvo que reducir la edad no solo no resolvería el problema de la inseguridad, sino que podría vulnerar principios constitucionales y tratados internacionales vigentes.
Peretti remarcó que la discusión no es nueva y que se repite de manera cíclica. “Este tipo de debate no es nuevo, es algo que permanentemente se replica. Tuvimos proyectos en 2020, 2022, 2023 y varios en 2024. El año pasado estuvo más tranquilo, pero ahora se revivió incluso en sesiones extraordinarias”, explicó.
Este 2026, las propuestas plantean bajar la edad de punibilidad de los 16 años a los 14, 13 e incluso 12, aunque el juez señaló que “el proyecto que más empuje tendría es el de 13, aunque se habla de consenso en 14”.
En ese marco, el magistrado aclaró una confusión frecuente en el debate público. “No es lo mismo imputabilidad que punibilidad”, señaló. Según explicó, la imputabilidad refiere a la capacidad de una persona de comprender la criminalidad de sus actos, mientras que la punibilidad “representa una franja etaria que fija la ley y determina respuestas diferenciadas”.
Actualmente, entre los 16 y 18 años puede imponerse una pena privativa de la libertad —menor a la de los adultos—, mientras que por debajo de esa edad no existe esa posibilidad.
Peretti detalló además que el proceso penal juvenil tiene características propias. “A diferencia de los adultos, acá se hacen dos juicios: primero se declara la responsabilidad y luego, eventualmente, se decide si se impone pena. Hay un período de prueba. En los adultos, cuando se declara la responsabilidad, inmediatamente cae la pena”, explicó.
Uno de los ejes centrales de su postura es el bajo impacto real del delito juvenil en las estadísticas criminales. “No hay ninguna estadística a nivel nacional que establezca que los delitos cometidos por menores de 18 años superen el 5%”, afirmó. En Córdoba, precisó: “el porcentaje es del 3,3% y en la provincia de Buenos Aires no llega al 2,5%”.
Para el juez, los datos muestran que “no existe una justificación empírica que avale una baja de la edad de punibilidad”.
Si bien reconoció que la ley vigente es antigua —data de 1980—, Peretti sostuvo que fue actualizada en la práctica. “Es una ley de más de 45 años y tiene solo 11 artículos, pero se completó con tratados internacionales, convenciones y mucha jurisprudencia. Si bien es una ley vieja, tiene cosas modernas”, indicó. En ese sentido, fue categórico: “Lo que no considero necesario es una baja de punibilidad, porque el efecto puede ser completamente contraproducente y regresivo”.
Consultado sobre la compatibilidad de la reforma con la Convención sobre los Derechos del Niño, el juez advirtió sobre posibles conflictos constitucionales. “Nuestro país adhirió a la Convención y a muchos tratados internacionales vinculados al interés superior del niño”, recordó, y agregó que una eventual baja podría violar el principio de no regresividad:
“La situación actual tiene que mantenerse, por lo menos, pero nunca perjudicarse. La regresividad puede ser un atentado constitucional”.
Respecto del reclamo social sintetizado en la consigna “delito de adulto, pena de adulto”, Peretti sostuvo que el derecho penal no suele brindar respuestas reparadoras a las víctimas. “El sistema penal no funciona como un bálsamo para las víctimas; muchas veces lo que hace es generar más enojo”, afirmó. En contraposición, destacó la importancia de la justicia restaurativa: “Son prácticas que le dan protagonismo real a la víctima y buscan la reinserción social. No es una cuestión teórica, tenemos experiencia concreta en el juzgado”.
El juez también puso el foco en la reinserción y en las condiciones estructurales del sistema penitenciario. “Creer que la reinserción se va a dar en un ámbito cerrado como la cárcel es problemático”, advirtió, y recordó que Argentina tiene una superpoblación carcelaria del 142%.
“¿Cómo resocializamos en un contexto de hacinamiento, falta de recursos y lugares no preparados?”, se preguntó.
En términos económicos, Peretti subrayó el alto costo del encarcelamiento. “El promedio nacional del costo por preso es de 35.000 pesos por día”, señaló, y citó informes periodísticos que indican que en Córdoba el total del impuesto inmobiliario provincial se destina prácticamente al sostenimiento diario de la población carcelaria. “Si seguimos tomando las mismas decisiones, las soluciones van a ser las mismas”, advirtió, y citó a Brasil como ejemplo de políticas de mano dura que no redujeron el delito.
Finalmente, al referirse a la capacidad del sistema juvenil en Córdoba, detalló que actualmente existe un solo centro de detención para menores: el Complejo Esperanza, con 200 plazas para jóvenes punibles y apenas 12 para no punibles. “Nunca tuvimos superpoblación en el sector de punibles, pero el número para no punibles es muy limitado”, explicó.
Al cierre, Peretti dejó una definición que sintetiza su postura y la de otros magistrados del país:
“Desde la red nacional de magistrados en niñez y penal juvenil no hablamos de baja de la edad de punibilidad, hablamos de baja de la desigualdad, a la cual adhiero completamente”.
Buenanueva reclama un abordaje integral en el debate por la Ley Penal Juvenil
