El gobernador anunció el envío a la Legislatura de un proyecto que garantizará derechos, asistencia y reparación a las víctimas, junto a nuevas iniciativas vinculadas al sistema penitenciario y al fortalecimiento de la Justicia.
El gobernador Martín Llaryora anunció que enviará a la Legislatura un proyecto de ley de protección integral para las víctimas del delito, una iniciativa destinada a ordenar y garantizar derechos, asistencia, protección y reparación para quienes sufren hechos delictivos en la provincia.
La propuesta coloca en el centro la dignidad humana y refuerza el rol del Estado en el acompañamiento efectivo de las víctimas. Según explicó el mandatario, se trata de una herramienta que establece obligaciones claras para el Estado frente a quienes padecen un delito, consolidando un marco legal integral de contención y reparación.
Durante su anuncio, Llaryora agradeció especialmente la lucha de la familia Sperani, oriunda de Laboulaye, y de otras familias que transformaron el dolor en una causa colectiva. En ese sentido, propuso que la iniciativa lleve el nombre de “Ley Joaquín”, como homenaje y símbolo del compromiso institucional con las víctimas.
En el mismo paquete de reformas, el gobernador adelantó que se impulsará una ley específica para el tratamiento de presos de alto perfil criminal, con el objetivo de reforzar la seguridad y el control sobre internos considerados de máxima peligrosidad.
El mandatario también destacó los avances del Plan de Territorialidad judicial-policial en la ciudad de Córdoba y el Gran Córdoba. Esta política permitió la delimitación de distritos policiales y judiciales, facilitando que los vecinos identifiquen con claridad quiénes son los fiscales y comisarios responsables de la seguridad en cada sector. En total, se definieron 27 distritos, de los cuales 12 ya se encuentran en funcionamiento, con el compromiso de completar el esquema durante el transcurso de este año.
Además, Llaryora puso en valor la decisión de agilizar los procesos judiciales en casos de delitos cometidos en flagrancia, y anunció que se promoverá una ley para otorgar inamovilidad a los jueces de paz, fortaleciendo la independencia judicial en las localidades del interior provincial.
