El nombre del defensor oficial Néstor Gómez comenzó a tomar fuerza en las últimas horas como posible nuevo fiscal adjunto del Ministerio Público Fiscal (MPF), en el marco de una serie de movimientos institucionales que el oficialismo busca definir antes de fin de año.
Según menciona un medio de la capital cordobesa, la eventual designación estaría atada a la salida de Bettina Croppi, quien podría ser propuesta por el Ejecutivo como titular de la recientemente creada Procuración Penitenciaria.
El Gobierno provincial apunta a ocupar el lugar que dejaría Croppi, a meses de quedar en condiciones de jubilarse y sin la presencia del actual fiscal General, Juan Manuel Delgado, con quien conformaba un tándem dentro del MPF. Croppi llegó al cargo en 2022, proveniente de una fiscalía de Instrucción de Violencia Familiar y de Género, con vínculos políticos con la exministra de la Mujer Claudia Martínez y con la senadora nacional Alejandra Vigo.
En este contexto, el gobernador Martín Llaryora evalúa alternativas para cubrir una posible vacante estratégica. Según trascendió, el perfil buscado sería el de un abogado del este provincial y con trayectoria en el ámbito público. Allí aparece con fuerza Néstor Gómez, oriundo de San Francisco, exconcejal durante la intendencia de Llaryora en esa ciudad y miembro de una familia con reconocido estudio jurídico en la cabecera del departamento San Justo. De perfil bajo, su reciente desembarco como defensor oficial es interpretado por observadores judiciales como un paso previo hacia el MPF.
El oficialismo busca acelerar definiciones antes del cierre del año legislativo. En principio, quedarían dos sesiones en la Legislatura provincial —el 23 y el 30 de diciembre— para realizar audiencias públicas, entrevistas y el eventual tratamiento de pliegos. Desde el entorno gubernamental aseguran que los tiempos alcanzan para avanzar con ambas designaciones.
Estos movimientos se dan mientras Llaryora se prepara para tomarse unos diez días de descanso a comienzos de enero, antes de retomar la agenda pública con recorridas por los festivales del verano cordobés y la organización de la apertura de sesiones legislativas del 1 de febrero, que podría realizarse en una localidad del sur de la provincia. El objetivo político es claro: despejar el camino hacia 2026 de decisiones complejas o ruidosas y consolidar las bases de un proyecto reeleccionista.
En paralelo, el Ejecutivo quedó conforme con la reciente designación de Domingo Sesín como presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), tras una votación ajustada que se resolvió con el desempate de la vocal Jesica Valentini, designada por Llaryora. La elección se dio luego de una extensa y tensa deliberación interna, cuyos fundamentos se conocerán en detalle en las próximas horas.
Uno de los datos salientes fue la falta de cohesión del denominado bloque “mestrista” del TSJ, integrado por Luis Rubio, Aída Tarditti y el propio Sesín. Rubio planteó que correspondía una presidencia femenina tras varios períodos consecutivos encabezados por varones, mientras que Tarditti ya había ejercido el cargo y el Panal impulsaba a María Marta Cáceres de Bolatti. Sin acuerdo, la votación quedó empatada y Valentini inclinó la balanza a favor de Sesín.
Aunque inicialmente el oficialismo aspiraba a una mujer al frente del TSJ, la elección de Sesín terminó siendo bien recibida en el Panal, que lo considera un actor clave ante futuras judicializaciones, como las que podrían surgir por la reforma previsional o su impacto en los haberes de bancarios, trabajadores de Epec, magistrados y empleados judiciales.
Si finalmente se concreta la llegada de Gómez al MPF, el organismo sumaría un representante del interior provincial, aunque implicaría la pérdida de un lugar ocupado por una mujer. En el actual clima político, marcado por una agenda nacional crítica de los cupos de género y con un nuevo presidente varón en el TSJ, ese aspecto no aparece como una preocupación central para el oficialismo.
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