Ocurrió en Santa Fe, donde el Gobierno comenzó a facturar los operativos por amenazas en escuelas. Una mujer estalló contra su nieto al recibir una boleta de más de 5 millones de pesos.
El clima de tensión en las escuelas sumó un capítulo que mezcla la rigurosidad estatal con el drama familiar. En las últimas horas, trascendió la reacción de una abuela que, tras ser notificada como adulta responsable por una amenaza escolar realizada por su nieto, no pudo contener su indignación al ver la cifra que debía abonar: «¡¿No te da vergüenza?!».
La boleta recibida por la mujer supera los $5 millones, un monto destinado estrictamente al «recupero de los costos operativos» que el Estado debió desplegar para atender la falsa alarma.
Este caso no es aislado. Durante el último fin de semana largo, se cursaron un total de 11 notificaciones que, en conjunto, alcanzan una impactante cifra de más de 36 millones de pesos. Estos procesos se suman a la primera intimación realizada días atrás en la provincia de Santa Fe.
El mecanismo es directo: «A medida que la Fiscalía valida las identidades -sean mayores o menores, punibles o no- se identifica a los responsables y automáticamente se emiten las intimaciones», explicó el ministro de Justicia y Seguridad santafesino, Pablo Cococcioni.
Desde el Ministerio fueron claros en que los montos son variables y no se trata de una cifra al azar. El cálculo se realiza en función de los recursos policiales afectados. Los requerimientos incluyen el costo de:
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Combustible y uso de vehículos oficiales.
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Intervención de brigadas especializadas (como la de Explosivos).
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Horas de servicio del personal afectado.
«No es broma; es un delito»
Las autoridades santafesinas buscan que los padres o tutores «asuman voluntariamente las consecuencias del hecho cometido por sus hijos». Para ello, otorgan un plazo de cinco días para abonar la deuda. Una vez vencido ese término, los antecedentes se giran a la Fiscalía de Estado para su cobro por vía legal.
«No es broma; es un delito. Y no es ni un peso más ni un peso menos que el costo exacto de cada operativo», sentenciaron desde el área de Seguridad, dejando claro que la política de «el que la hace, la paga» ya es una realidad administrativa en la provincia vecina.
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