El Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba volvió a cerrar la puerta a la prisión domiciliaria solicitada por Carlos Alberto Basualdo Jaimez, uno de los de los procesados en la banda narco de «Yiyo» Ramallo, quien deberá afrontar el juicio oral detenido en una unidad penitenciaria.
La decisión se suma a otros dos rechazos previos: uno dictado por el Juzgado Federal de San Francisco en enero pasado y otro confirmado por la Cámara Federal de Apelaciones en mayo de 2025.
El pronunciamiento fue firmado por el juez José Fabián Asís y se conoció a pocas semanas del inicio del debate oral, fijado para el 18 de febrero. Basualdo Jaimez está acusado de integrar una presunta organización dedicada al narcotráfico que habría sido comandada desde prisión por Evelio Horacio “Yiyo” Ramallo, un conocido referente del delito en Santa Fe.
Durante la feria judicial, la defensora pública Ana María Blanco solicitó que se habilitara el receso para revisar con carácter urgente la situación de detención de su asistido. En su presentación aclaró que no pedía la libertad, sino una atenuación del régimen de encierro mediante el otorgamiento del arresto domiciliario.
El planteo defensivo se apoyó en razones humanitarias vinculadas al delicado estado de salud de Marcela Alejandra Gutiérrez, esposa del imputado. Según detalló la defensa, la mujer padece diabetes tipo II desde hace dos décadas, hipertensión arterial, obesidad y una pérdida progresiva de la visión. En 2024, además, sufrió la amputación de una falange de un dedo del pie, lo que afecta su movilidad y dificulta el traslado para visitar a su marido en prisión.
Blanco argumentó que la presencia de Basualdo Jaimez en el hogar resultaba necesaria tanto para el acompañamiento personal como para el sostenimiento económico de su esposa. También remarcó que el acusado no cuenta con antecedentes penales y posee domicilio estable en Rafaela, lo que —según sostuvo— descartaría riesgos de fuga o de entorpecimiento del proceso.
La postura del fiscal
El fiscal general Carlos Gonella se opuso al pedido y consideró que la situación planteada no se encuadra dentro de los supuestos legales que habilitan la prisión domiciliaria. Si bien reconoció los problemas de salud de Gutiérrez, sostuvo que no se acreditó una situación de desamparo.
Un informe interdisciplinario incorporado al expediente indicó que la mujer tiene cuatro hijas en condiciones de brindarle asistencia, una de ellas residente en la misma ciudad de Rafaela. Este punto fue central para fundamentar el rechazo fiscal.
Gonella también detalló el rol que se le atribuye a Basualdo Jaimez dentro de la estructura criminal: de acuerdo con la acusación, habría cumplido tareas logísticas vinculadas al traslado de estupefacientes y dinero entre distintas localidades de Córdoba y Santa Fe, lo que demuestra —según el fiscal— una amplia capacidad de movilidad.
Además, el representante del Ministerio Público subrayó que durante los allanamientos se secuestraron armas de fuego en el domicilio del imputado, lo que incrementa los riesgos procesales ante una eventual intimidación de testigos o interferencia en la investigación.
Los fundamentos del tribunal
En su resolución, el juez Asís recordó que el arresto domiciliario previsto en el artículo 210 del Código Procesal Penal Federal no opera de manera automática, sino que debe analizarse a la luz de criterios humanitarios estrictos y de la existencia o no de riesgos procesales concretos.
El magistrado repasó que Basualdo Jaimez fue procesado con prisión preventiva en mayo de 2024, medida que luego fue revisada y confirmada en octubre de ese mismo año. La causa quedó radicada ante el tribunal oral en junio de 2025 y ya cuenta con fecha cierta de inicio del juicio, lo que refuerza —según el fallo— el peligro de fuga.
El juez sostuvo que los riesgos detectados no pueden ser neutralizados mediante medidas alternativas y destacó que la pena en expectativa no permitiría una condena de ejecución condicional, lo que configura un incentivo adicional para eludir el accionar de la Justicia.
También ponderó que aún hay imputados cuya detención no se concretó, entre ellos Nazareno Jairo Ramallo, hermano de “Yiyo” y único prófugo del expediente, lo que eleva el riesgo de contactos indebidos si se modificara el régimen de detención.
Antecedentes del pedido
No es la primera vez que la defensa intenta obtener el beneficio. El 17 de enero de 2025, el Juzgado Federal de San Francisco ya había rechazado una solicitud similar. En esa oportunidad, el juez instructor remarcó que el imputado conocía desde hacía años la enfermedad de su pareja y, aun así, habría participado en el traslado de grandes cantidades de droga, asumiendo el riesgo de quedar privado de su libertad.
También se señaló que la documentación médica aportada mostraba como última consulta una realizada en junio de 2024, sin constancias posteriores que acreditaran la necesidad de cuidados permanentes.
Ese rechazo fue confirmado el 21 de mayo de 2025 por la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, con los votos de los jueces Liliana Navarro y Abel Sánchez Torres. En su resolución, Navarro indicó que la defensa no logró acreditar, mediante un profesional de la salud, las consecuencias actuales derivadas de la amputación sufrida por Gutiérrez, y destacó que se trata de una patología de larga data y sin urgencia reciente.
La Cámara también valoró la magnitud de la causa, la cantidad de imputados, el volumen de droga secuestrada y la presencia de armas en distintos domicilios allanados, elementos que reflejan la envergadura de la organización investigada.
La causa “Yiyo” Ramallo
El caso se enmarca en una investigación de gran escala que tuvo su punto culminante en marzo de 2024, cuando se realizaron 46 allanamientos simultáneos en Córdoba y Santa Fe, con un saldo de 22 personas detenidas.
En Córdoba, los procedimientos se llevaron a cabo en Morteros, Brinkmann y Porteña, mientras que en Santa Fe alcanzaron a Rafaela, Sauce Viejo, Suardi y Frontera. Participaron la Fuerza Policial Antinarcotráfico de Córdoba, Gendarmería Nacional y fuerzas provinciales.
La pesquisa estuvo a cargo de la fiscal federal subrogante de San Francisco, María Schianni, junto a Martín Uriona, de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), y se inició en septiembre de 2023 a partir de cinco causas remitidas por la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del este cordobés.
Según la hipótesis acusatoria, la organización era liderada por Evelio Horacio “Yiyo” Ramallo, quien habría dirigido las maniobras ilícitas desde su celda en el penal federal de Ezeiza. La droga ingresaba al país desde Paraguay por la provincia de Misiones y luego era trasladada hacia Santa Fe mediante “mulas” o envíos postales, para finalmente ser distribuida en distintos puntos.
Los investigadores sostienen que la banda operó entre octubre de 2021 y marzo de 2024, dedicada al tráfico de cocaína y marihuana, con una estructura organizada y participación de familiares del propio Ramallo.
El rol de Basualdo Jaimez
Dentro de ese esquema, Basualdo Jaimez habría sido el encargado de transportar estupefacientes destinados a puntos de venta en Morteros. Está procesado como coautor del delito de comercialización de drogas, agravado por la intervención de más de tres personas y por el uso de violencia, en concurso real con tenencia ilegal de armas de fuego de uso civil.
Permanece detenido desde marzo de 2024, cuando fue arrestado durante el operativo que desarticuló la organización.
La causa también vincula a la banda con el cartel mexicano Jalisco Nueva Generación, dedicado al narcotráfico y tráfico de armas. Ramallo, por su parte, fue condenado a prisión perpetua en agosto de 2025 por un tribunal de Rafaela, acusado de instigar homicidios y liderar una asociación ilícita desde la cárcel.
Con este nuevo rechazo judicial, Basualdo Jaimez continuará detenido y llegará al juicio oral privado de su libertad, a la espera del debate que se desarrollará en febrero ante el Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba.
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